25 de abril de 2024
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Trabajadores bolivianos
¿Empleo digno o a cualquier precio?
El incendio de un taller textil clandestino, donde murieron dos trabajadores y cuatro niños, dejó al descubierto un sistema de “trabajo esclavo” en la Argentina
17 de abril de 2006
El Gobierno nacional y el porteño lanzaron fuertes operativos de control que de haberse realizado antes podrían haber evitado el accidente. Los trabajadores de nacionalidad boliviana se dividieron entre los que defienden el trabajo “a cualquier precio” y los que denuncian condiciones “infrahumanas”, especialmente en la actividad textil.
La princesa argentina de Orange ahora decidió cancelar el contrato con su diseñadora por la sospecha de que parte de la ropa se hace con mano de obra esclava. ¿Pero antes, no había cuestionamientos?
La forma en que trabajan los bolivianos, así como personas de otras nacionalidades en distintas ramas de actividad, también deja al descubierto la hipocresía de muchos que aceptan comportamientos reñidos con la ética y la moral siempre y cuando la “bomba no explote”.
Hay muchas “bombas de tiempo” en distintos lugares del país y en diferentes actividades esperando explotar, habrá que ver si el Estado y la sociedad están dispuestos a ir a fondo antes de que sea tarde.
Parte de los trabajadores bolivianos ahora temen perder sus precarios empleos y salieron a las calles de Flores a defender sus puestos de trabajo.
Otros, en cambio, inundaron el microcentro porteño en contra de las condiciones infrahumanas en las que trabajan.
Mientras que algunos denunciaron que los explotadores son los empresarios “judíos y coreanos”, otros admitieron que sus propios “compatriotas” los trajeron de Bolivia con promesas de trabajo que al llegar a la Argentina no cumplieron.
Tras el trágico saldo que dejó el incendio en el taller ubicado en Luis Viale 1269, en el barrio de Caballito, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, expresó su preocupación por las denuncias de coimas que pesan sobre policías y aseguró que el Gobierno nacional está en "máximo" alerta.
"Cuando apareció este señor (Gustavo) Vera diciendo que hay policías inmiscuidos di la instrucción para que se denuncie y ya está en el juzgado, y si hay un policía inmiscuido y cobró dinero tiene que ir preso", manifestó el funcionario.
Vera, que está al frente de un centro social y comedor comunitario en Parque Avellaneda, había denunciado el año pasado ante la Justicia las condiciones en las que se trabaja en los talleres textiles, pero poco se hizo también desde los estrados judiciales para ir a fondo con una investigación que parece no convenirle a la mayoría.
Por su parte, el Gobierno porteño realizó en los últimos días intensos controles en este tipo de locales ubicados en Flores, Bajo Flores, Paternal y Floresta, entre otros barrios.
Desde el lunes 3 de abril, cuatro días después del incendio, se realizaron 196 inspecciones y en sólo diez días de operativos se produjeron 84 clausuras.
En los controles no sólo se detectaron condiciones de trabajo clandestino sino también falta de seguridad e higiene, como iluminación de emergencia y de baños, y la deficiencia en el tendido de cables eléctricos, entre otros.
Salieron también a realizar controles organismos del gobierno nacional como el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Migraciones, la AFIP y la Policía Federal.
Esta vez y para no repetir lo de Cromañón, el nuevo jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, puso a su ministro de Salud, Donato Spaccavento, a la cabeza de la organización y coordinación de las tareas de médicos y rescatistas.
Se desplegó una carpa de Defensa Civil en la que el grupo Factores Humanos del gobierno porteño, compuesto por psicólogos, trabajó conteniendo a los trabajadores que lograron escapar del incendio y a los familiares de las víctimas.
También Telerman se hizo presente en el lugar y denunció que en ese taller se realizaban “prácticas salvajes y siniestras”.
Por su parte, el cónsul de Bolivia, González Quint, aseguró que en el taller de Caballito “trabajaban y vivían entre 50 y 60 familias, en condiciones infrahumanas” e indicó que “todos estaban indocumentados”.
Sin embargo, el Gobierno porteño aseguró que el lugar estaba habilitado como “taller de bordado y otras actividades” del rubro textil desde el 2001. Parece que las inspecciones se realizan al tiempo de habilitar y luego brillan por su ausencia. ¿O será que alguien avisa cuando van a ir los controles?
Pese a que las personas que trabajaban en los establecimientos fueron atendidas por personal del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, que les ofreció orientación acerca de las distintas alternativas habitacionales, centenares de trabajadores de nacionalidad boliviana se manifestaron frente a la Jefatura de Gobierno porteño.
Sucede que muchos de los trabajadores de nacionalidad boliviana rechazaron las inspecciones a los talleres y manifestaron su temor por perder su fuente laboral si se clausuran. Reclamaron, además, la violencia con la que fueron realizados los allanamientos.
Así, mientras algunos trabajadores denunciaron la explotación a la que son sometidos, otros, en cambio defendieron a cualquier precio sus puestos de trabajo, pese a que desde el Gobierno aseguraron que los operarios indocumentados "no serán deportados".
Los trabajadores dicen que quieren trabajar por lo que reclamaron el cese inmediato de los allanamientos a talleres de costura y reclamaron un plazo de seis meses para que regularicen su situación laboral.
Este grupo pidió además la conformación de una comisión bipartita para poder resolver la situación de unos 4.000 bolivianos, que en su mayoría son indocumentados.
El gobierno de la Ciudad aseguró que no otorgará el plazo de regularización solicitado porque no puede permitir el funcionamiento de lugares donde se violen los derechos humanos, pero aceptó la conformación de la comisión bipartita.
Según estimaciones del Ministerio de Producción, existen en la ciudad de Buenos Aires alrededor de 15 mil trabajadores de origen boliviano distribuidos en unos 1.600 talleres textiles, de los cuales cerca de 160 están en condiciones similares al que se incendió en Caballito.
Se trata de talleres en los que los operarios viven bajo un régimen “esclavo”, del que no pueden escapar por estar indocumentados, con jornadas de trabajo de hasta 18 horas.
Estos trabajadores duermen con sus familias al lado de las máquinas, por sueldos de 300 pesos mensuales, según consta en varias denuncias.
El desafío gubernamental ahora es mantener las fuentes de trabajo de estos talleres textiles eliminando la esclavitud, y blanquear el funcionamiento clandestino, en un sistema que tiene más de 15 mil trabajadores extranjeros, muchos indocumentados.
La princesa argentina de Orange ahora decidió cancelar el contrato con su diseñadora por la sospecha de que parte de la ropa se hace con mano de obra esclava. ¿Pero antes, no había cuestionamientos?
La forma en que trabajan los bolivianos, así como personas de otras nacionalidades en distintas ramas de actividad, también deja al descubierto la hipocresía de muchos que aceptan comportamientos reñidos con la ética y la moral siempre y cuando la “bomba no explote”.
Hay muchas “bombas de tiempo” en distintos lugares del país y en diferentes actividades esperando explotar, habrá que ver si el Estado y la sociedad están dispuestos a ir a fondo antes de que sea tarde.
Parte de los trabajadores bolivianos ahora temen perder sus precarios empleos y salieron a las calles de Flores a defender sus puestos de trabajo.
Otros, en cambio, inundaron el microcentro porteño en contra de las condiciones infrahumanas en las que trabajan.
Mientras que algunos denunciaron que los explotadores son los empresarios “judíos y coreanos”, otros admitieron que sus propios “compatriotas” los trajeron de Bolivia con promesas de trabajo que al llegar a la Argentina no cumplieron.
Tras el trágico saldo que dejó el incendio en el taller ubicado en Luis Viale 1269, en el barrio de Caballito, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, expresó su preocupación por las denuncias de coimas que pesan sobre policías y aseguró que el Gobierno nacional está en "máximo" alerta.
"Cuando apareció este señor (Gustavo) Vera diciendo que hay policías inmiscuidos di la instrucción para que se denuncie y ya está en el juzgado, y si hay un policía inmiscuido y cobró dinero tiene que ir preso", manifestó el funcionario.
Vera, que está al frente de un centro social y comedor comunitario en Parque Avellaneda, había denunciado el año pasado ante la Justicia las condiciones en las que se trabaja en los talleres textiles, pero poco se hizo también desde los estrados judiciales para ir a fondo con una investigación que parece no convenirle a la mayoría.
Por su parte, el Gobierno porteño realizó en los últimos días intensos controles en este tipo de locales ubicados en Flores, Bajo Flores, Paternal y Floresta, entre otros barrios.
Desde el lunes 3 de abril, cuatro días después del incendio, se realizaron 196 inspecciones y en sólo diez días de operativos se produjeron 84 clausuras.
En los controles no sólo se detectaron condiciones de trabajo clandestino sino también falta de seguridad e higiene, como iluminación de emergencia y de baños, y la deficiencia en el tendido de cables eléctricos, entre otros.
Salieron también a realizar controles organismos del gobierno nacional como el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Migraciones, la AFIP y la Policía Federal.
Esta vez y para no repetir lo de Cromañón, el nuevo jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, puso a su ministro de Salud, Donato Spaccavento, a la cabeza de la organización y coordinación de las tareas de médicos y rescatistas.
Se desplegó una carpa de Defensa Civil en la que el grupo Factores Humanos del gobierno porteño, compuesto por psicólogos, trabajó conteniendo a los trabajadores que lograron escapar del incendio y a los familiares de las víctimas.
También Telerman se hizo presente en el lugar y denunció que en ese taller se realizaban “prácticas salvajes y siniestras”.
Por su parte, el cónsul de Bolivia, González Quint, aseguró que en el taller de Caballito “trabajaban y vivían entre 50 y 60 familias, en condiciones infrahumanas” e indicó que “todos estaban indocumentados”.
Sin embargo, el Gobierno porteño aseguró que el lugar estaba habilitado como “taller de bordado y otras actividades” del rubro textil desde el 2001. Parece que las inspecciones se realizan al tiempo de habilitar y luego brillan por su ausencia. ¿O será que alguien avisa cuando van a ir los controles?
Pese a que las personas que trabajaban en los establecimientos fueron atendidas por personal del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, que les ofreció orientación acerca de las distintas alternativas habitacionales, centenares de trabajadores de nacionalidad boliviana se manifestaron frente a la Jefatura de Gobierno porteño.
Sucede que muchos de los trabajadores de nacionalidad boliviana rechazaron las inspecciones a los talleres y manifestaron su temor por perder su fuente laboral si se clausuran. Reclamaron, además, la violencia con la que fueron realizados los allanamientos.
Así, mientras algunos trabajadores denunciaron la explotación a la que son sometidos, otros, en cambio defendieron a cualquier precio sus puestos de trabajo, pese a que desde el Gobierno aseguraron que los operarios indocumentados "no serán deportados".
Los trabajadores dicen que quieren trabajar por lo que reclamaron el cese inmediato de los allanamientos a talleres de costura y reclamaron un plazo de seis meses para que regularicen su situación laboral.
Este grupo pidió además la conformación de una comisión bipartita para poder resolver la situación de unos 4.000 bolivianos, que en su mayoría son indocumentados.
El gobierno de la Ciudad aseguró que no otorgará el plazo de regularización solicitado porque no puede permitir el funcionamiento de lugares donde se violen los derechos humanos, pero aceptó la conformación de la comisión bipartita.
Según estimaciones del Ministerio de Producción, existen en la ciudad de Buenos Aires alrededor de 15 mil trabajadores de origen boliviano distribuidos en unos 1.600 talleres textiles, de los cuales cerca de 160 están en condiciones similares al que se incendió en Caballito.
Se trata de talleres en los que los operarios viven bajo un régimen “esclavo”, del que no pueden escapar por estar indocumentados, con jornadas de trabajo de hasta 18 horas.
Estos trabajadores duermen con sus familias al lado de las máquinas, por sueldos de 300 pesos mensuales, según consta en varias denuncias.
El desafío gubernamental ahora es mantener las fuentes de trabajo de estos talleres textiles eliminando la esclavitud, y blanquear el funcionamiento clandestino, en un sistema que tiene más de 15 mil trabajadores extranjeros, muchos indocumentados.