El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos De la Vega, manifestó su optimismo respecto de la recuperación del sector y pronosticó que a fines de 2005 se habrá vuelto a los niveles previos a la recesión, y consideró necesario ajustar las tarifas para permitir la inversión en servicios públicos.

�Creemos que a fines de 2005 se retornará a los niveles de 1998, en general�, señaló De la Vega en una entrevista con Asteriscos.Tv, y estimó que el crecimiento comercial para este año será sostenido, entre 6 y 7 por ciento, luego de registrar un porcentaje en alza del 9 por ciento el año pasado.

De la Vega destacó �el proceso de crecimiento después del largo amesetamiento� por la crisis económica en la Argentina, pero marcó como un punto necesario la �normalización� de las tarifas en servicios para permitir inversión y �evitar el desabastecimiento�.

La CAC, que nuclea a empresas de servicios públicos, de educación y de salud, analizó que �hay que normalizar� las tarifas �porque de otro modo, en poco tiempo nos vamos a quedar sin abastecimiento�.

�Se necesitan grandes inversiones en todos los sectores, y eso sólo se puede lograr si, quien invierte, tiene retorno para esa inversión�, consideró.

Dijo que �en momentos de caos o desorden social se pudo haber admitido una paralización� en el ajuste de tarifas, pero consideró que llegó el momento de �ordenar todas las variables de la economía�.

También puntualizó que los operativos antievasión no pueden estar focalizados sólo en el comercio: �Es evidente que, si casi el 50 por ciento de los trabajadores está en negro, la evasión está en todos los sectores de la actividad productiva�, indicó.

�El que vende en negro, compra en negro. Lamentablemente es un mal que afecta mucho, y la CAC está en contra de los ilícitos y hemos hecho campañas muy fuertes contra la venta ilegal�, destacó.

De la Vega cuestionó finalmente la existencia del impuesto por �abasto�, en los municipios de la provincia de Buenos Aires, por considerar que �representa un abuso, por el cual se obliga a pagar por cualquier alimento o bebida que se produce, un impuesto directo de 10 centavos por litro o por kilo�, y pidió la derogación del mismo.