El Defensor del Pueblo adjunto, Juan Jesús Mínguez, advirtió que el Gobierno tiene la obligación y las partidas necesarias para saldar los más de 17.500 juicios previsionales con sentencia firme y advirtió que el Estado no debe "dilatar" el pago de esos haberes.

"Junto con el defensor Anselmo Sella estuvimos investigando una denuncia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Manuel Garrido, luego de una investigación en el que pedimos informes fundamentalmente a la Anses, de 17.533 juicios con sentencia firme, definitiva a diciembre de 2009, y dijo que no tenía información sobre la cuantía de los juicios", señaló.

Agregó que no hubo "respuesta satisfactoria por los juicios no pagados con sentencia firme y consentida", y que en la Defensoría se encontraron con "un acuerdo amigable firmado por el Estado nacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que el Estado se compromete a cumplir con los juicios firmes en un plazo no mayor de 120 días".

Mínguez recordó que "el Presupuesto nacional menciona en dos artículos el pago anual de los juicios, unos 3.000 millones de pesos que específicamente están asignados" y que deben ejecutarse no sólo porque está en la norma, sino porque responde a "un acuerdo de solución amistosa en la CIDH que excede el marco de la legislación local".

"El derecho de la Seguridad Social tiene como característica la inmediatez: la ley fue aprobada en 2006 establece que son 120 días para el pago; en el acuerdo ante la CIDH el Gobierno se compromete a no impugnar planillas de liquidación. No hay razón ni explicación por parte de la Anses que justifique las dilaciones", remarcó.

En una entrevista con Asteriscos TV, por canal Metro, Mínguez se ocupó también de las desigualdades en la Asignación Universal por Hijo, al señalar que si bien "fue bienvenida y parecía un planteo igualitario, al analizarla se observa que no lo es".

"La Asignación tiene que involucrar al grueso de los jóvenes, aunque tengan asignación o vayan a escuelas de gestión privada subvencionada por el Estado, Mientras no tengan asignación familiar deben poder acceder", manifestó.

Y explicó que desde la Defensoría "se pide una corrección al Poder Ejecutivo porque si alguien recibe una asignación alimentaria de 100 pesos por mes no puede no tener derecho a la asignación por hijo. La idea es que sea universal, igualitaria, sin discriminación. Debe incluirse a quienes tienen asignación de carácter social pero no asignación familiar".