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Se viene otro aumentazo en las facturas del gas
Los clientes residenciales de Metrogas que más consumen deberán afrontar próximamente subas de hasta el 30%. Es para Capital, el conurbano, Cuyo y el Norte
16 de abril de 2009
El Gobierno dio un paso más hacia un nuevo ajuste de tarifas de servicios públicos para los hogares. Los clientes residenciales de Metrogas que más consumen deberán afrontar próximamente subas de hasta el 30% en su factura de gas. Estos aumentos, que se aplicarán también a los hogares del interior del país abastecidos por Distribuidora de Gas Cuyana y Gasnor, se sumarán a las dos subas implementadas el año pasado.
La medida quedó plasmada en tres decretos (234, 235 y 246) firmados por la presidenta Cristina Kirchner y publicados esta semana en el Boletín Oficial. Esos decretos ratifican las actas acuerdo firmadas con las distribuidoras, en el marco de la renegociación de los contratos de servicios públicos, y si bien marcan un avance hacia un nuevo ajuste, no conllevan la aplicación inmediata de la medida. Eso sucederá una vez que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publique los nuevos cuadros tarifarios, algo que bien puede demorarse hasta después de las elecciones legislativas de junio próximo, que el oficialismo percibe como un plebiscito de su gestión, informó el diario La Nación.
Para los clientes de Metrogas, el incremento en la factura promedio, con impuestos, oscilará entre el 10 y el 30 por ciento, según la letra del decreto. El alza será retroactiva al 1° de septiembre pasado y recaerá sobre los clientes que se ubiquen por encima de la categoría R2-2 (de mayor consumo). Los valores de las tasas y cargos que están en vigencia sufrirán un ajuste del 25%, mientras que los cargos fijos y las facturas mínimas se mantendrán iguales.
Estos aumentos se sumarán a los ajustes anunciados por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a fines del año pasado. El primero, destinado a subsidiar el precio de la garrafa social, también implicaba un incremento de hasta el 30% en la factura. El segundo ajuste tuvo dos componentes: un aumento para elevar el precio del gas en boca de pozo, para alentar la exploración y la inversión, y un cargo variable para financiar la importación de gas desde Bolivia. Esa medida implicó un ajuste en torno al 260% en el precio del servicio, generó un fuerte rechazo por parte de consumidores y una presentación ante la Justicia del entonces defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.
Las distribuidoras defendieron esas medidas, aunque no percibieron ningún beneficio directo: todos los recursos fueron para las petroleras o el Gobierno. Algo similar ocurre con este nuevo aumento. Para Metrogas, se trata del primer ajuste en la tarifa de distribución para los hogares desde 2001. El punto final de meses de negociación con el Gobierno, plasmados en el acuerdo que fue ratificado por el decreto publicado en el Boletín Oficial. Pero la empresa no se quedará con los fondos generados por el aumento: irán a un fondo fiduciario que financiará la expansión y mejora de su red de servicios. Metrogas abastece la Capital Federal y once partidos del sur del conurbano: Ezeiza, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Quilmes, Almirante Brown, Presidente Perón, San Vicente, Florencio Varela y Berazategui.
El aumento forma parte del llamado régimen tarifario de transición, que regirá hasta que se termine de definir el cuadro que surja de la llamada revisión tarifaria integral, según el acuerdo alcanzado entre Metrogas y la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), que responde a De Vido. Los acuerdos firmados con cada empresa forman parte de los anexos de los decretos.
Con la publicación de esos decretos, el Gobierno dio un nuevo paso en el proceso de actualización de las tarifas de servicios públicos en los hogares, iniciado en 2008. Hasta ese momento, las distribuidoras de gas y de electricidad del área metropolitana sólo habían recibido permiso para subir las tarifas que recaen sobre las fábricas y el comercio. El principio que regía esa política, nunca dicho en voz alta, era evitar el malhumor de los clientes del área más poblada del país en tiempos electorales. El Gobierno asumió el costo de hacerlo a través del pago de subsidios.
El creciente peso de esas transferencias sobre la Tesorería desató el giro de la política oficial, también alentado, en las palabras de De Vido, en la mejora de la distribución del ingreso. De Vido utilizaba ese mismo argumento antes del ajuste, a la hora de defender el congelamiento de las tarifas.
La medida quedó plasmada en tres decretos (234, 235 y 246) firmados por la presidenta Cristina Kirchner y publicados esta semana en el Boletín Oficial. Esos decretos ratifican las actas acuerdo firmadas con las distribuidoras, en el marco de la renegociación de los contratos de servicios públicos, y si bien marcan un avance hacia un nuevo ajuste, no conllevan la aplicación inmediata de la medida. Eso sucederá una vez que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publique los nuevos cuadros tarifarios, algo que bien puede demorarse hasta después de las elecciones legislativas de junio próximo, que el oficialismo percibe como un plebiscito de su gestión, informó el diario La Nación.
Para los clientes de Metrogas, el incremento en la factura promedio, con impuestos, oscilará entre el 10 y el 30 por ciento, según la letra del decreto. El alza será retroactiva al 1° de septiembre pasado y recaerá sobre los clientes que se ubiquen por encima de la categoría R2-2 (de mayor consumo). Los valores de las tasas y cargos que están en vigencia sufrirán un ajuste del 25%, mientras que los cargos fijos y las facturas mínimas se mantendrán iguales.
Estos aumentos se sumarán a los ajustes anunciados por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a fines del año pasado. El primero, destinado a subsidiar el precio de la garrafa social, también implicaba un incremento de hasta el 30% en la factura. El segundo ajuste tuvo dos componentes: un aumento para elevar el precio del gas en boca de pozo, para alentar la exploración y la inversión, y un cargo variable para financiar la importación de gas desde Bolivia. Esa medida implicó un ajuste en torno al 260% en el precio del servicio, generó un fuerte rechazo por parte de consumidores y una presentación ante la Justicia del entonces defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.
Las distribuidoras defendieron esas medidas, aunque no percibieron ningún beneficio directo: todos los recursos fueron para las petroleras o el Gobierno. Algo similar ocurre con este nuevo aumento. Para Metrogas, se trata del primer ajuste en la tarifa de distribución para los hogares desde 2001. El punto final de meses de negociación con el Gobierno, plasmados en el acuerdo que fue ratificado por el decreto publicado en el Boletín Oficial. Pero la empresa no se quedará con los fondos generados por el aumento: irán a un fondo fiduciario que financiará la expansión y mejora de su red de servicios. Metrogas abastece la Capital Federal y once partidos del sur del conurbano: Ezeiza, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Quilmes, Almirante Brown, Presidente Perón, San Vicente, Florencio Varela y Berazategui.
El aumento forma parte del llamado régimen tarifario de transición, que regirá hasta que se termine de definir el cuadro que surja de la llamada revisión tarifaria integral, según el acuerdo alcanzado entre Metrogas y la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), que responde a De Vido. Los acuerdos firmados con cada empresa forman parte de los anexos de los decretos.
Con la publicación de esos decretos, el Gobierno dio un nuevo paso en el proceso de actualización de las tarifas de servicios públicos en los hogares, iniciado en 2008. Hasta ese momento, las distribuidoras de gas y de electricidad del área metropolitana sólo habían recibido permiso para subir las tarifas que recaen sobre las fábricas y el comercio. El principio que regía esa política, nunca dicho en voz alta, era evitar el malhumor de los clientes del área más poblada del país en tiempos electorales. El Gobierno asumió el costo de hacerlo a través del pago de subsidios.
El creciente peso de esas transferencias sobre la Tesorería desató el giro de la política oficial, también alentado, en las palabras de De Vido, en la mejora de la distribución del ingreso. De Vido utilizaba ese mismo argumento antes del ajuste, a la hora de defender el congelamiento de las tarifas.