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Los periodistas Alfredo Leuco y Rolando Graña a juicio oral
Pese al proyecto para derogar los delitos de calumnias e injurias, y a 48 horas de que prescriban los delitos que se les imputan, serán juzgados por la causa sobre irregularidades en la película El caso Monzón
18 de septiembre de 2009
Finalmente Alfredo Leuco y Rolando Graña serán juzgados en juicio oral.

Esta medida va a contramano del proyecto que la presidenta Cristina Kirchner envió la semana pasada al Congreso para derogar los delitos de calumnias e injurias del Código Penal.

Lo cierto es que el próximo jueves ambos periodistas tendrán que afrontar un juicio oral por esos delitos.

A solo 48 horas de que prescriban los delitos que se les imputan, el juez Gabriel Ghirlanda decidió elevar a juicio oral la causa y citarlos para el jueves a las 10 de la mañana en Tribunales. Sin embargo, el abogado defensor Santiago Felgueras hizo una presentación para que "se respeten los pasos procesales y el juicio oral no se realice antes de resolver esta apelación", dijo Leuco a Clarín.

La causa se arrastra desde el año 2005, cuando Leuco comentó con Graña una información sobre supuestas irregularidades en la financiación de la película El caso Monzón-El segundo juicio, en el programa Informe Central, que se emitía por América TV.

La guionista y productora ejecutiva de la película era una funcionaria judicial, llamada Pamela Bisserier Díaz, que se sintió afectada en su honor e inició este juicio, no sólo contra los periodistas sino también contra Carlos Ávila, que era accionista de América TV cuando se produjo ese hecho. La funcionaria pidió la pena máxima para este tipo de delitos, que son tres años de cárcel.

Más allá de cómo se resuelva la causa, Leuco está convencido que "esto lo hacen para que tengamos temor de investigar a un funcionario público". Para el periodista, es una cuestión íntimamente ligada con la libertad de expresión, ya que la funcionaria fue además defensora oficial de María Julia Alsogaray y el tema era de interés público.

Precisamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó a la Argentina que elimine los delitos de calumnias e injurias en casos de interés público; y, por eso, el Gobierno envió su proyecto la semana pasada.