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La oposición denunció que peligra la libertad de expresión
Dice que el cierre de Fibertel fue la gota que rebasó el vaso en la pelea Gobierno vs. Clarín. Acusa al kirchnerismo de querer "dominar los medios de comunicación"
24 de agosto de 2010
La oposición inició en la Cámara de Diputados una serie de acciones para anular la resolución de la Secretaría de Comunicaciones que dispuso la caducidad de la licencia de Fibertel para tratar de prohibir que continúe operando como proveedor de Internet.

Además, también analiza pedir la interpelación del ministro de Planificación, Julio De Vido, a quien responsable del área y abrir el tratamiento en distintas comisiones sobre lo que consideró “un ataque a la seguridad jurídica y a la libertad de expresión”.

Otras medidas consistirán en formular una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y citar al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por su avance sobre Papel Prensa, la principal fábrica de papel de diarios, según informó el diario Clarín.

En el despacho de la radical Silvana Giúdici, referentes de los principales bloques opositores mantuvieron una reunión hasta entrada la noche para consensuar una estrategia en común.

Previamente, la UCR había expresado en un comunicado que el kirchnerismo “degrada la democracia, limita las libertades y lesiona la seguridad jurídica”. Y Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, que la Presidenta “inicia la fase dictatorial”.

Esas consideraciones incluyeron la decisión sobre Fibertel -perteneciente a Cablevisión, del Grupo Clarín- y lo que consideraron un intento de “apropiación” de Papel Prensa por parte del Gobierno, a partir del informe que se presentará hoy en la Casa Rosada.

Después de escuchar el anuncio de Cristina Kirchner sobre Papel Prensa (donde la mayoría accionaria está en manos de Clarín y La Nación, con participación minoritaria del Estado), el arco antikirchnerista volverá a reunirse hoy para dar una respuesta en conjunto.

Giúdici por la UCR, Felipe Solá por el PJ disidente, Patricia Bullrich por la Coalición Cívica, Federico Pinedo y Paula Bertol por el PRO y Margarita Stolbizer y Gerardo Milman por el GEN, Liliana Fadul y Alfredo Omedo (independientes), acordaron impulsar dos iniciativas para anular la resolución 100 de la Secretaría de Comunicaciones. Por un lado, un proyecto de ley elaborado por el macrismo y firmado por el resto: se trata de un único artículo que propone dejar “sin efecto” la medida.

En los fundamentos esgrimen la “violación de la Ley de Sociedades Comerciales” y argumentan: “El Poder Ejecutivo ha decidido utilizar todos los organismos del Estado nacional que le permitan someter a su merced o a la de sus jefes políticos, la fortuna, el honor y esperamos que no la vida de personas que no concuerdan en todo con el punto de vista del Gobierno y tiene la osadía de publicarlo”.

El otro proyecto, en este caso de resolución y elaborado por Stolbizer, procura anular la resolución por basarse en una delegación legislativa y llevar la firma del secretario de Comunicaciones, Lisandro Salas, cuando a partir del año pasado el uso de las facultades delegadas al Ejecutivo -que vencen hoy- le corresponden sólo a la Presidenta o al jefe de Gabinete y deben ser revisadas por el Congreso.

El proyecto debería tratarse dentro de los 10 días hábiles en la Bicameral de Control de los DNU y la Legislación delegada para luego pasar al recinto de ambas Cámaras. Los opositores coincidían en que esta iniciativa tiene la ventaja de que no podría ser vetada por Cristina. Las dos, de cualquier modo, deberán superar el incierto escenario del Senado.

El socialismo y Proyecto Sur, que lidera Pino Solanas, rechazan la medida contra Fibertel y analizan los caminos a seguir. El PS presentará hoy un pedido de informes al Ejecutivo y podría adherir al proyecto de Stolbizer.

En tanto que Solanas prepara otra iniciativa en el mismo sentido, reclamando que el Gobierno levante la medida contra la proveedora de Internet hasta que se dicte una nueva Ley de Telecomunicaciones.

“Hay un plan sistemático para crear un monopolio de información estatal y cercenar las opiniones críticas”, dijo Giúdici, titular de la Comisión de Libertad de Expresión.