Por unanimidad, el Tribunal Federal Nº2 de Mendoza condenó a cadena perpetua a un ex militar y dos ex policías por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. El cuarto imputado, un ex abogado policial recibió ocho años de prisión por fraguar actas de detención de los desaparecidos.

Pasaron 34 años desde la desaparición de cuatro jóvenes militantes del peronismo. Fueron detenidos por comandos militares y policiales, alojados en comisarías y, tras una falsa acta de liberación, fueron desparecidos.

En silencio y con visibles lágrimas de emoción de muchos familiares de desaparecidos, se siguió la sentencia del primer juicio contra represores en Mendoza. Duró cuatro meses y medio. El debate se realizó en una sala prestada por la Universidad Nacional de Cuyo en la ciudad de San Rafael, a 250 kilómetros al sur de la capital mendocina. La condena a cadena perpetua fue para el teniente coronel Aníbal Guevara, el ex policía Juan Labarta y el ex comisario Raúl Ruiz Soppe, quien fue jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza. El abogado Raúl Egea Bernal recibió una sentencia a 8 años de prisión.

El presidente del tribunal, Roberto Burad, ordenó que los condenados sean alojados en cárceles comunes y rechazó el pedido de prisión domiciliaria de la defensa.

En este juicio pasaron cerca de 90 testigos por las cuatro desapariciones ocurridas entre marzo y setiembre de 1976.

El ex militar y los dos ex policías fueron señalados como responsables de torturas, homicidios por alevosía y la desaparición forzosa de los presos políticos: Francisco Tripiana, un pintor que fue detenido en su casa y que figura como liberado en los archivos policiales; Roberto Osorio, empleado de una farmacia de la familia del ex gobernador Martínez Baca; el obrero rural Pascual Sandoval, detenido en una finca durante la primera semana del golpe militar de 1976 y José Guillermo Verón, un camionero que desapareció dos meses después de haber sido detenido.