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Operativo Independencia: Isabel Perón sin culpa
Si bien la Justicia tucumana dispuso 40 procesamientos, entre policías, civiles y militares, consideró que la ex presidenta no sabía nada sobre el plan de represión de los militares
28 de diciembre de 2012
El Operativo Independencia, la acción que tal vez marcó el inicio formal de la represión a sangre y fuego de sectores vinculados con la militancia peronista y la guerrilla, sin importar los métodos, incluida la desaparición de personas, derivó hoy en el procesamiento de 40 militares, policías y civiles por los delitos de torturas y asesinatos, pero dejó libre de culpa y cargo a la entonces presidenta Isabel Perón, por considerar que desconocía el accionar puesto en marcha antes del Golpe del 24 de marzo de 1976.
El juez federal de Tucumán Daniel Bejas dispuso los procesamientos en un fallo de 500 fojas en el cual procesó a los ex policías Roberto "El tuerto" Albornoz, Ricardo Oscar Sánchez, Luis Armando De Cándido; el ex dictador Jorge Rafael Videla; el ex gobernador de las Islas Malvinas, Mario Benjamín Menéndez y Fernando Luís Labayru.
También dispuso además el procesamiento de los civiles Miguel Angel Carrasco, Carlos Alberto Diacono y Julio César Sarmiento, entre otros.
Bejas aclaró que no llamó a declaración indagatoria a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, quien autorizó el "Operativo Independencia", que comenzó en Tucumán en febrero de 1975 y fue comandado por Adel Edgardo Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi, en la antesala del Golpe Militar, tras el cual se produjeron masivas violaciones a los derechos humanos, por considerar que la imputación de la entonces mandataria presenta "discordancias".
Para justificar la desvinculación de la ex presidenta, el magistrado señala "discordancias" que "presentan la imputación efectuada a la entonces presidenta de la Nación como débil y confusa, en tanto si el Ministerio Público Fiscal considera que durante el Operativo Independencia las Fuerzas Armadas actuaron con la aquiescencia o autorización de las autoridades civiles de la época".
"Las acusaciones no podrían acotarse a la figura de la presidenta, debiendo también captar ministros, legisladores, gobernadores y jueces, es decir un espectro representativo del gobierno civil cuyo accionar estaría comprometido con la comisión -o con la no evitación- de los hechos delictivos investigados en autos", según se dispuso en el auto de procesamiento.
Además, sostuvo que "a la luz de la prueba substanciada a la fecha, este magistrado considera que se encuentra demostrado con el nivel de probabilidad que habilita esta etapa procesal, que desde 1974 las FFAA y de seguridad comenzaron a distanciarse de las autoridades civiles y de las directivas del gobierno constitucional, a fin consumar un plan represivo que comenzó a gestarse desde fines de los años 60 dirigido contra la ciudadanía en general bajo el difuso e intangible objetivo de combatir el enemigo subversivo marxista".
"Ese plan represivo, dirigido a la toma del poder civil no habría contado con la aquiescencia del gobierno civil en su conjunto, sino con la complicidad de algunos grupos de ultra derecha directamente vinculados con el accionar del Ejército, como fue por ejemplo la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A) dirigida por el entonces Ministro de Bienestar Social José López Rega", resaltó el magistrado.
Además, Bejas avanzó en la investigación de delitos sexuales cometidos contra mujeres detenidas y también violaciones a hombres que estaban ilegalmente detenidos en centros clandestinos de detención.
El 5 de febrero de 1975 la entonces presidenta Isabel Perón firmó el decreto "secreto" en el cual ordenaba al Ejército iniciar el "Operativo Independencia".
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, durante el "Operativo Independencia", fueron "sistemáticos los secuestros, la desaparición de personas y las torturas en el primer centro clandestino de detención que funcionó en el país conocido como "La Escuelita", que funcionaba en la escuela Diego de Rojas en la localidad de Famaillá.
La acusación de la fiscalía explica que el Operativo Independencia "consistió en la intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror".
El juez federal de Tucumán Daniel Bejas dispuso los procesamientos en un fallo de 500 fojas en el cual procesó a los ex policías Roberto "El tuerto" Albornoz, Ricardo Oscar Sánchez, Luis Armando De Cándido; el ex dictador Jorge Rafael Videla; el ex gobernador de las Islas Malvinas, Mario Benjamín Menéndez y Fernando Luís Labayru.
También dispuso además el procesamiento de los civiles Miguel Angel Carrasco, Carlos Alberto Diacono y Julio César Sarmiento, entre otros.
Bejas aclaró que no llamó a declaración indagatoria a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, quien autorizó el "Operativo Independencia", que comenzó en Tucumán en febrero de 1975 y fue comandado por Adel Edgardo Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi, en la antesala del Golpe Militar, tras el cual se produjeron masivas violaciones a los derechos humanos, por considerar que la imputación de la entonces mandataria presenta "discordancias".
Para justificar la desvinculación de la ex presidenta, el magistrado señala "discordancias" que "presentan la imputación efectuada a la entonces presidenta de la Nación como débil y confusa, en tanto si el Ministerio Público Fiscal considera que durante el Operativo Independencia las Fuerzas Armadas actuaron con la aquiescencia o autorización de las autoridades civiles de la época".
"Las acusaciones no podrían acotarse a la figura de la presidenta, debiendo también captar ministros, legisladores, gobernadores y jueces, es decir un espectro representativo del gobierno civil cuyo accionar estaría comprometido con la comisión -o con la no evitación- de los hechos delictivos investigados en autos", según se dispuso en el auto de procesamiento.
Además, sostuvo que "a la luz de la prueba substanciada a la fecha, este magistrado considera que se encuentra demostrado con el nivel de probabilidad que habilita esta etapa procesal, que desde 1974 las FFAA y de seguridad comenzaron a distanciarse de las autoridades civiles y de las directivas del gobierno constitucional, a fin consumar un plan represivo que comenzó a gestarse desde fines de los años 60 dirigido contra la ciudadanía en general bajo el difuso e intangible objetivo de combatir el enemigo subversivo marxista".
"Ese plan represivo, dirigido a la toma del poder civil no habría contado con la aquiescencia del gobierno civil en su conjunto, sino con la complicidad de algunos grupos de ultra derecha directamente vinculados con el accionar del Ejército, como fue por ejemplo la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A) dirigida por el entonces Ministro de Bienestar Social José López Rega", resaltó el magistrado.
Además, Bejas avanzó en la investigación de delitos sexuales cometidos contra mujeres detenidas y también violaciones a hombres que estaban ilegalmente detenidos en centros clandestinos de detención.
El 5 de febrero de 1975 la entonces presidenta Isabel Perón firmó el decreto "secreto" en el cual ordenaba al Ejército iniciar el "Operativo Independencia".
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, durante el "Operativo Independencia", fueron "sistemáticos los secuestros, la desaparición de personas y las torturas en el primer centro clandestino de detención que funcionó en el país conocido como "La Escuelita", que funcionaba en la escuela Diego de Rojas en la localidad de Famaillá.
La acusación de la fiscalía explica que el Operativo Independencia "consistió en la intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror".