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Consultoras: Moreno fue citado por la justicia
El juez Bonadío citó al funcionario de Comercio Interior para que expliqué las presiones que realizó sobre la consultora de Jorge Todesca por la difusión de aumentos de precios
2 de julio de 2013
El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue citado por la justicia para que explique porqué multó a las consultoras privadas que miden la inflación, cuyas estadísticas han duplicado las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

El juez Claudio Bonadio, titular del juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, citó a indagatoria para el próximo 10 de julio a Moreno, en una causa en la que el funcionario había sido denunciado por la consultora Finsoport SA, de Jorge Todesca, por abuso de autoridad.

La citación de Bonadio llega poco más de un mes después de que la Cámara Contencioso Administrativo revocara todas las multas que Moreno había aplicado. El juez ya había incorporado al expediente la resolución de cuatro de las cinco salas de la Cámara y las declaraciones testimoniales de los consultores económicos.

Pero Moreno no será el único funcionario de la Secretaría de Comercio que deberá sentarse frente al magistrado. El 4 de julio será el turno de Guillermo David y Fernando Carro, actual director de la Dirección Nacional de Comercio Interior. A su vez, el 8 de julio tiene que declarar Adalberto Gabriel Rotella, director de Lealtad Comercial, de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.

Los hechos datan de 2011 cuando Moreno comenzó la presión, cuando distintos estudios privados decidieran elaborar y divulgar sus propios índices ante la falta de credibilidad en las cifras oficiales. El secretario comenzó a sancionarlas con multas de 500.000 pesos con el argumento de que violaban la ley de lealtad comercial.

Además de la denuncia hecha en particular por algunos de los estudios, como fue el caso de Finsoport SA, ocho consultoras entregaron sus estadísticas a diputados de la oposición para que ellos lo difundan. Los legisladores acordaron que sea la Comisión de Libertad de Expresión la que difunda esos números.

Moreno justificó su presión basado en la aplicación del artículo 9 de la ley de lealtad comercial, que le permite al Estado multar a una empresa que, mediante publicidad inexacta, induce a engaño a los consumidores.