El Ministerio de Economía anunció que no podrá pagar el próximo vencimiento del canje de deuda de fin de mes en Nueva York por el fallo de la Justicia norteamericana que habilitó posibles embargos, por lo que la Argentina caerá técnicamente en default, a pesar de su "voluntad negociadora", y debería lanzar un nuevo canje bajo jurisdicción local.

En un sorpresivo comunicado, el Palacio de Hacienda lamentó la decisión de habilitar el embargo de los pagos de la deuda
reestructurada, denunció "falta de voluntad negociadora" y advirtió que esa resolución "imposibilita así el pago en Nueva
York del próximo vencimiento".

Pocos minutos antes de las 22:00, el Palacio de Hacienda indicó que la Justicia de los Estados Unidos imposibilita "efectuar el próximo 30 de junio el pago de los cupones de deuda en cumplimiento a sus acreedores reestructurados" a no ser que "pague
la totalidad de lo reclamado por los fondos buitres".

Economía sostuvo que esa cifra "podría ascender a 15.000 millones de dolares", lo cual representa más de la mitad de las
reservas del Banco Central.

Esto es consecuencia de lo que en la jerga judicial se conoce como el levantamiento del ´stay´ por parte del Segundo Circuito de
los Estados Unidos que, según Economía, "imposibilita el pago en Nueva York del próximo vencimiento de la deuda reestructurada y
muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el juez
(Thomas) Griesa".

"La República Argentina lamenta la decisión adoptada en el día de la fecha por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, que deja sin efecto la suspensión ("stay") de las medidas cautelares pari passu dictadas por el juez Griesa", señaló el comunicado.

Indicó que "las órdenes pari passu (tratamiento igualitario) le impiden a la Argentina efectuar el próximo 30 de junio el pago de los cupones de deuda en cumplimiento a sus acreedores reestructurados a menos que, en simultáneo, pague la totalidad de lo reclamado por los fondos buitres (que podría ascender a U$D 15 mil millones)".

Economía indicó que la Argentina "reitera la voluntad de pago a sus acreedores reestructurados, ya que siempre ha ofrecido pagar bajo las mismas condiciones y en concordancia con la ley del país".

El comunicado fue emitido supuestamente luego de efectuar un profundo análisis del delicado cuadro de situación que atraviesa la Argentina, y puede tener un fuerte impacto en los mercados en las próximas jornadas.

Los abogados que representan a la Argentina ofrecieron finalmente comenzar a negociar con los fondos buitres el pago de la deuda, pero la jugada tampoco alcanzaría para evitar que el país caiga en default técnico y deba intentar lanzar un nuevo canje de deuda bajo jurisdicción local, de incierto resultado.

Como una Corte de Apelaciones decidió levantar el freno a posibles embargos, la Argentina dijo horas después que se veía imposibilidad de hacer frente a un vencimiento de unos 900 millones de dólares del canje previstos para fin de mes bajo ley de Nueva York.

La Argentina planteó abrir la negociación con los fondos buitres en una audiencia en la que el juez de Nueva York Thomas Griesa advirtió al país que no cambie el lugar de pago de los bonos y hasta dijo que el último discurso de la presidenta Cristina Kirchner no le generó "confianza".

Así, el anuncio del ministro de Economía, Axel Kicillof, de poner en marcha un mecanismo para lanzar un nuevo canje de deuda con jurisdicción argentina pareció perder rápido impulso, y terminó siendo víctima -al menos por ahora- de una dura reprimenda del magistrado norteamericano.

"El swap de Kicillof viola las sentencias previas", alertó Griesa en la audiencia, y el juez hasta calificó de "ofensivo" el último discurso por cadena nacional pronunciado por Cristina.

"Argentina en los últimos doce años se ha reído de las sentencias judiciales, no quiero que se vuelva a reír de una sentencia judicial", advirtió el magistrado, según declaraciones reproducidas por la agencia Reuters.

La audiencia, de una hora y media, fue encabezada por Griesa y participaron no sólo los letrados de la Argentina -que habían solicitado la reunión- sino también los abogados del fondo NML de Paul Singer.

Según los detalles que trascendieron, Griesa lanzó duros conceptos contra la Argentina y hasta llegó a manifestar que el discurso de la presidenta no le daba "confianza de un compromiso de buena fe para pagar todas las obligaciones de la República".

Griesa consideró que las palabras de la presidenta son "un problema" para lograr un acuerdo con los acreedores que evite un default.

El juez adelantó que presentará una orden que establezca que la propuesta del ministro Kicillof de abrir un nuevo canje de deuda bajo ley argentina "viola" sus decisiones previas.

Griesa había ordenado que el Gobierno le pague a los buitres u$s 1.330 millones y la Corte Suprema estadounidense rechazó la apelación argentina para no realizar el desembolso.

El magistrado neoyorkino sostuvo, no obstante, que "aquí hay que encontrar un mecanismo legal para que esto funcione", con lo que dejó abierta la puerta para que las partes alcancen un acuerdo posible, pese a su permanente postura rígida hacia la Argentina.

Ante la propuesta argentina de iniciar negociaciones, el abogado representante de los fondos Elliot y NML, Robert Cohen, respondió: "Si quieren hablar sobre un acuerdo, ellos ya saben dónde encontrarnos".

Theodore Olsen, representante del fondo NML, tomó la palabra y en exigió a los delegados de la Argentina explicar cuál es la propuesta de pago, pero los abogados del país señalaron que recién será expuesta la semana próxima.

Dos días después de la decisión de la Corte de los Estados Unidos de no tomar el caso judicial que enfrenta a la Argentina con los fondos buitre, el Gobierno se vio obligado a negociar, ante la inminencia de embargos contra bienes que el país tiene en el exterior y la posibilidad de caer en default.

Durante el mediodía trascendió también que la Corte de Nueva York levantó la medida cautelar que impedía el embargo de bienes o pagos argentinos.

El Gobierno, entonces, buscará encontrar una salida a la problemática y preocupante situación que compromete a pagar una suma que ronda los $1.500 millones de dólares, si se computan intereses.

Durante la audiencia, Griesa advirtió también a los abogados de la Argentina que el posible canje anunciado por el Ministerio de Economía y cambio de domicilio de pago implicaría entrar en "desacato" con la sentencia judicial dictada por el magistrado y confirmada por la Cámara de Nueva York.

El letrado de CGS&H Carmine Boccuzzi le dijo al juez neoyorkino que "el plan (del Gobierno) es estar acá la semana próxima para negociar con los holdouts para resolver esta situación".

Sin embargo, aclaró que "en estos momentos no hay una oferta de intercambio", tal como exigieron los representantes de los fondos buitre.

Además, Boccuzzi señaló que Griesa "quiere un mecanismo legal para evitar otra situación en la que la República (Argentina) pueda desconocer otro juicio".