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El Gobierno impulsa la ley del Arrepentido
Enviará el proyecto al Congreso el primero de marzo próximo, en simultáneo con el inicio de sesiones ordinarias. El objetivo es reducir la corrupción
27 de enero de 2016
En el marco de su estategia para combatir la corrupción, el gobierno enviará el prímero de marzo próximo al Congreso un conjunto de proyectos de ley para luchar contra la corrupción.

Se incluirá una iniciativa de acceso a la información pública, del arrepentido y de recuperación de bienes contra funcionarios corruptos, anunció la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso.

Alonso prometió que con esas leyes y otro conjunto de medidas "en cuatro años" va a sacar a la Argentina de los peores posiciones en el ránking mundial de la corrupción.

La ley del arrepentido permitirá a jueces y fiscales cambiar una reducción de penas por información relevante que permita probar casos de corrupción y la de extinción de dominio permitirá no solo condenar a funcionarios corruptos sino embargales y luego recuperar los bienes mal habidos.

"Sabemos que es difícil modificar el resultado de estos índices de un año para el otro, por eso el plan de trabajo es a mediano y largo plazo", agregó en alusión a la encuesta de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional que le dio al último año de la gestión de Cristina Kirchner otro aplazo: 32 puntos sobre 100.

Alonso subrayó que "la corrupción es como la enfermedad: es siempre preferible prevenirla. Por eso haremos hincapié en incrementar la transparencia, para que haya menos posibilidades de intercambios corruptos".

Explicó que "la transparencia y la ética son una prioridad del gobierno nacional que debe ser acompañada por los demás poderes del Estado, las empresas públicas y los entes descentralizados, como PAMI, el Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas y también YPF, entre otros.

Comentó que "los organismos de control deben ser reconstruidos y fortalecidos" y ya trabamos en red con fiscalía de investigaciones administrativas y la SIGEN, entre otros.

Además, Alonso aseguró: "El 1 de marzo pediremos al Congreso que sancione en 2016, sin mayores dilaciones, una ley de acceso a la información pública, las leyes del arrepentido para casos de corrupción y de extinción de dominio para recuperar el dinero y los bienes que ex funcionarios y su entorno no puedan justificar, y cuyo origen esté vinculado a la comisión de delitos contra la administración".

"Es imperioso que el Congreso comience a debatir una modificación de la Ley de Ética Pública. La reforma que promovió el kirchnerismo en 2013, junto al paquete de la llamada 'Democratización Judicial', distorsionó y quebró el sistema de declaraciones juradas que servía para controlar el patrimonio de los funcionarios públicos y detectar potenciales casos de enriquecimiento ilícito", aseguró.