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Cristina Fernández ante la Justicia por dólar futuro
Primera declaración en una causa judicial luego de abandonar el poder que ejerció durante ocho años. La operación financiera en final de su mandato le costó a la Argentina $70.000 millones
13 de abril de 2016
Fue con suspenso pero llegó el día. Cristina Fernández, quien ocupó el poder durante ocho años, ante la Justicia.
Frente al juez Claudio Bonadio, uno de los más polémicos del fuero, luego de ser ratificado ante la Cámara Federal penal porteña.
Es una declaración indagatoria, es decir, acusada de haber cometido un delito, en este caso con la controversial venta de dólares a futuro que le costará a la Argentina unos 70.000 millones de pesos, decidida durante el turbulento final económico de su mandato para llegar con los dientes apretados, en un escenario con alta inflación, emisión monetaria descontrolada y manipulación de estadísticas para ocultar la pobreza y el desempleo. Por unanimidad, los tres jueces de la sala II de la Cámara de Apelaciones, Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, confirmaron el rechazo de Bonadio a la recusación que habían planetado en su contra los abogados de otro de los imputados que tiene esta causa, el ex miembro del directorio del Banco Central Pedro Biscay.
Los camaristas habían escuchado el lunes los argumentos de los abogados Alejandro Rúa y Paula Honisch, y un día después decidieron descartarlos, aunque advirtieron a Bonadio sobre posibles planteos similares en el futuro.
La defensa de Biscay se había quejado por dificultades en obtener fotocopias de las pruebas contra él y dijeron tener un trato desigual respecto de la Fiscalía, por lo que expresaron su "temor por parcialidad" respecto del magistrado, una de las causales previstas para la recusación.
Irurzun, Farah y Cattani sostuvieron que el pedido de la defensa de Biscay careció de "motivos legítimos" y de "fundamentos serios y razonables" y que éstos "no poseen la entidad suficiente como sostener una lesión al derecho de defensa". Si bien los jueces admitieron que las restricciones a las defensas respecto de las fiscalías han sido una "constante" en la carrera de Bonadio, "su aplicación al presente (caso) no puede entenderse como indicio de la existencia de un interés especial distinto al vinculado con el esclarecimiento de los hechos" ventilados en la causa.
Los camaristas encomendaron a Bonadio que "en lo sucesivo procure otorgar una rápida y regular respuesta a los requerimientos que se le formulen y notifique sus decisiones en debido tiempo y forma, evitando generar en el ámbito de las partes incertidumbre en torno al lugar desde el cual ejerce su función".
Bonadio ya había sido apartado el año pasado con argumentos parecidos de la llamada causa Hotesur, aunque aquella vez fueron los jueces de la sala I y no los de la II.
La ex presidenta está acusada de haber provocado un perjuicio económico multimillonario a las arcas del Banco Central con las ventas de dólares a futuro practicadas por la entidad al final de su mandato. Bonadio expresó que de acuerdo con las pruebas recolectadas en la causa, el Banco Central "ha tenido un quebranto por las posiciones vendidas de futuros de dólar en el Mercado Rofex en los meses de diciembre de 2015 y enero del año en curso de $ 7.575.601.698,2" y que "se deberá afrontar un pago (al tipo de cambio del 12/2/16) por las posiciones abiertas de febrero a junio de este año estimado en $ 39.879.273.378".
El juez también sostuvo que el Banco Central debió abonar "sumas millonarias por las operaciones de venta de dólar futuro concertadas en el Mercado MAE, por las posiciones de diciembre de 2015 a junio 2016. Entonces, según un informe del propio banco, éste perdió $ 1.552 por los contratos cerrados (septiembre a diciembre del año pasado) y $ 27.724 millones por los que estaban activos (enero a junio 2016)".
Frente al juez Claudio Bonadio, uno de los más polémicos del fuero, luego de ser ratificado ante la Cámara Federal penal porteña.
Es una declaración indagatoria, es decir, acusada de haber cometido un delito, en este caso con la controversial venta de dólares a futuro que le costará a la Argentina unos 70.000 millones de pesos, decidida durante el turbulento final económico de su mandato para llegar con los dientes apretados, en un escenario con alta inflación, emisión monetaria descontrolada y manipulación de estadísticas para ocultar la pobreza y el desempleo. Por unanimidad, los tres jueces de la sala II de la Cámara de Apelaciones, Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, confirmaron el rechazo de Bonadio a la recusación que habían planetado en su contra los abogados de otro de los imputados que tiene esta causa, el ex miembro del directorio del Banco Central Pedro Biscay.
Los camaristas habían escuchado el lunes los argumentos de los abogados Alejandro Rúa y Paula Honisch, y un día después decidieron descartarlos, aunque advirtieron a Bonadio sobre posibles planteos similares en el futuro.
La defensa de Biscay se había quejado por dificultades en obtener fotocopias de las pruebas contra él y dijeron tener un trato desigual respecto de la Fiscalía, por lo que expresaron su "temor por parcialidad" respecto del magistrado, una de las causales previstas para la recusación.
Irurzun, Farah y Cattani sostuvieron que el pedido de la defensa de Biscay careció de "motivos legítimos" y de "fundamentos serios y razonables" y que éstos "no poseen la entidad suficiente como sostener una lesión al derecho de defensa". Si bien los jueces admitieron que las restricciones a las defensas respecto de las fiscalías han sido una "constante" en la carrera de Bonadio, "su aplicación al presente (caso) no puede entenderse como indicio de la existencia de un interés especial distinto al vinculado con el esclarecimiento de los hechos" ventilados en la causa.
Los camaristas encomendaron a Bonadio que "en lo sucesivo procure otorgar una rápida y regular respuesta a los requerimientos que se le formulen y notifique sus decisiones en debido tiempo y forma, evitando generar en el ámbito de las partes incertidumbre en torno al lugar desde el cual ejerce su función".
Bonadio ya había sido apartado el año pasado con argumentos parecidos de la llamada causa Hotesur, aunque aquella vez fueron los jueces de la sala I y no los de la II.
La ex presidenta está acusada de haber provocado un perjuicio económico multimillonario a las arcas del Banco Central con las ventas de dólares a futuro practicadas por la entidad al final de su mandato. Bonadio expresó que de acuerdo con las pruebas recolectadas en la causa, el Banco Central "ha tenido un quebranto por las posiciones vendidas de futuros de dólar en el Mercado Rofex en los meses de diciembre de 2015 y enero del año en curso de $ 7.575.601.698,2" y que "se deberá afrontar un pago (al tipo de cambio del 12/2/16) por las posiciones abiertas de febrero a junio de este año estimado en $ 39.879.273.378".
El juez también sostuvo que el Banco Central debió abonar "sumas millonarias por las operaciones de venta de dólar futuro concertadas en el Mercado MAE, por las posiciones de diciembre de 2015 a junio 2016. Entonces, según un informe del propio banco, éste perdió $ 1.552 por los contratos cerrados (septiembre a diciembre del año pasado) y $ 27.724 millones por los que estaban activos (enero a junio 2016)".