El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria para el 12 de mayo próximo al último director kirchnerista del PAMI, Luciano Di Cesare, por haber cobrado más de un millón de pesos por vacaciones no gozadas.

El juez le imputó "haber defraudado al Estado Nacional por la suma 1.300.826,77 pesos, a través de la liquidación de las vacaciones no gozadas correspondientes a los años 2004/2012".

Es la primera denuncia penal que impulsó el gobierno contra la gestión anterior, a través del titular del PAMI, Carlos Regazzoni, por los delitos de "defraudación contra la administración pública", "defraudación por administración fraudulenta", y "negociaciones incompatibles con la función pública".

El jefe del PAMI se defiende de su procesamiento: “Nunca se afectaron las prestaciones".

Desde noviembre pasado Di Cesare ya está procesado por el delito de defraudación a la administración pública por haber comprado letras del Tesoro nacional con plata de los jubilados, de 2008 y 2012, en el marco de una causa que sustancia el juez federal Claudio Bonadio.

Ahora, Lijo analizó los fundamentos de la denuncia y estableció que el 9 de diciembre de 2015 Di Cesare, en su carácter de Director Ejecutivo, "solicitó al organismo que presidía el abono correspondiente a los días de vacaciones no gozadas, sin tener derecho a su percepción y con conocimiento de que la sustitución del descanso anual -por una compensación monetaria- y la licencia no usufructuada en ese lapso -que caduca con el mero transcurso del tiempo".

Según explicó el funcionario judicial, "la liquidación se efectivizó el mismo día luego de que María Alejandra Arrouzet, en calidad de Gerente de Recursos Humanos del organismo y Carlos A. Galdo, por aquel entonces Subgerente de Administración de Recursos Humanos, emitieran los dictámenes necesarios para transferir el monto requerido a la cuenta bancaria del propio Di Cesare".

Ambos exfuncionarios también fueron citados a indagatoria, el 10 y 11 de mayo, un día antes que Di Cesare.