A apenas cuatro días de la audiencia pública por la tarifa de gas, la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, dijo que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, debería desprenderse de sus acciones en Shell, tras la difusión del informe que recomendó deshacerse de los títulos de la compañía petrolera. "Estamos muy seguros de lo que le estamos recomendando al ministro. Creemos que es lo mejor para aumentar la confianza en su función, para que la sociedad confíe en el ministro, para que no haya dudas del ejercicio ético que está realizando en su tarea. Es un dictamen ejemplar", afirmó.

El dictamen señaló que el funcionario más cuestionado del gabinete por el aumento de tarifas "no incurre" en conflicto de intereses por haber sido CEO de la empresa y "no tiene obligación legal" de deshacerse de las acciones, pero basó su recomendación en el "deber de prudencia" previsto en el artículo 9 del Código de Etica de la Función Pública.

Alonso explicó que la OA "no tiene poder legal para obligar a ningún funcionario", pero que "la recomendación es fundada y profunda".

"Hubo mucho debate interno dentro de la OA sobre el caso de Aranguren y arribamos a un dictamen muy completo", expresó la funcionaria.

Al tiempo que calificó el dictamen de "ejemplar" y recomendó a todos los funcionarios leer el dictamen, debido a que en él se sustentan los fundamentos principales de la Ley de Ética Pública y que cuando un funcionario "se da cuenta o percibe que podría entrar en una situación reñida con los principios de la ética pública, debe autolimitarse, detenerse y consultar a la OA antes de tomar cualquier decisión".

Contó que el funcionario fue notificado del dictamen el viernes último y "tiene un lapso prudencial para analizar la resolución y tomar la decisión que considere".