Con un auditorio semivacío y clima tranquilo, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, ingresó minutos después de las 9 y permaneció en el estrado donde escuchó a sus asesores hasta el comienzo de la audiencia.

Pasadas las 9:20, el funcionario comenzó su defensa del nuevo esquema tarifario del gas natural que, se estima, tendrá un incremento de 203 por ciento.

Allí, el ministro afirmó que el objetivo del Gobierno es trazar un "sendero gradual y previsible de incremento que permita acortar la brecha entre el costo de producir el gas y la tarifa que pagan los consumidores".

"Proponemos un precio que a partir del próximo cuadro tarifario disponga aumentos semestrales en los próximos tres años, de forma gradual, para alcanzar el valor de mercado", explicó.

Aranguren afirmó también que el servicio de gas en la Argentina "está distorsionado, es desigual, injusto y arcaico", que sólo el 60% de la población accede a la red y que "en invierno estamos importando un tercio de lo que necesitamos".

El ministro de Energía dijo además que el Gobierno implementó los conceptos de tarifa social para apoyar "a los que realmente lo necesitan y están en una situación de vulnerabilidad" y el uso responsable del consumo.

Cumpliendo con los 20 minutos que tenía asignado, Aranguren aprovechó los últimos segundos para resumir el objetivo del Gobierno: "Queremos una disminución gradual y previsible de los subsidios a la distribución del gas natural en los próximos años; proteger a los que menos tienen; apoyar el uso responsable y que el suministro sea más previsible, justo y que promueva la producción local".

Afuera, el ambiente es más tenso. A metros del ingreso al edificio ubicado en el barrio porteño de La Boca, militantes políticos que llegaron para reclamar contra el aumento, se mezclaban con los expositores que hacían cola para entrar a la audiencia pública.

Justo allí, sobre el ingreso, hubo un pequeño entredicho con un diputado de San Luis que denunció que no lo dejaron pasar. "Esto es una farsa; Aranguren es un sinvergüenza", gritó el legislador. Unos tibios aplausos se percibieron en el auditorio.

En este contexto, la diputada kirchnerista Araceli Ferreyra, denunció publicamente que algunas asociaciones que estaban inscriptas no podrán hablar. "Se podaron las listas. Es un escándalo. Hay solo 300 personas habilitadas cuando nosotros sabemos que hubo más de mil inscriptos".