Tras una extensa crisis, que incluyó episodios de extrema tensión -como una represión policial contra trabajadores que protestaban por salarios impagos-, la Justicia avaló la venta de la avícola Cresta Roja por 121 millones de dólares.

La jueza Valeria Péres Casado aceptó la oferta presentada por Proteinsa, la sociedad compuesta por Ovoprot, Tanacorsa y el Grupo Laclau. Le ganó la licitación a la propuesta elevada por Avícola del Plata, integrada por Granja Tres Arroyos y Adeco Agro.

Proteinsa es la firma que asumió la gestión de la planta avícola luego de que se decretó la quiebra en diciembre del año pasado. El cambio de gobierno fue el punto cúlmine de una extensa crisis que se remonta desde fines de 2013, cuando la firma de los hermanos Milenko e Ivo Rasic empezó a a tener serios problemas económicos a raíz de una deuda que alcanzó los 1.200 millones de pesos.

En 2014, Rasic Hermanos se presentó a convocatoria de acreedores. Ese año, la empresa avícola emitió cheques sin fondos por 43 millones de pesos y para junio dispuso de cerca de 1300 despidos, lo que conllevó paros y un duro conflicto gremial con el sindicato de la Alimentación.

Desde entonces, la avícola fue intervenida por el gobierno de Daniel Scioli y recibió subsidios para que continuara funcionando. Aquella administración, sin embargo, no garantizó la viabilidad de la compañía.

Uno de los puntos más álgidos del conflicto ocurrió a pocos días de la asunción del presidente Mauricio Macri. A lo largo de varias jornadas, los trabajadores de la empresa bloquearon la autopista Riccheri, a la altura del aeropuerto de Ezeiza, en reclamo del pago de sueldos adeudados y un auxilio económico para salvar Cresta Roja. Aquellas protestas culminaron con una dura represión y desalojo de la autovía comandando por Gendarmería nacional.

A raíz de aquel violento episodio, la situación laboral de los empleados y la producción lentamente empezó a encaminarse, con intimaciones de parte del Poder Judicial. La etapa de "normalización" tuvo su propio acto oficial el 21 de abril pasado con la presencia de Mauricio Macri. Aquel día, el Presidente ratificaba su rechazo a la sanción de la ley antidespidos, que naufragó por el veto del mandatario.

El largo conflicto, que estaba en suspenso debido a que se desconocía quién sería el futuro propietario, terminó de cerrarse luego de que la Justicia avaló la venta y el cambio de dueño.

"Estamos contentos con la culminación de este proceso, porque significa que hemos hecho las cosas muy bien", indicó Santiago Perea, gerente general de la sociedad avícola.

La empresa produce actualmente 180.000 pollos por día, con cerca de 1800 trabajadores reincorporados. En su mejor momento, la compañía llegó a tener 3000 empleados.

"Estábamos muy confiados por el trabajo pero teníamos cierto miedo por la incertidumbre que generan estos procesos. Tenemos muchos planes a futuro y ahora podemos poner a pensarnos seriamente en eso", añadió Perea a la agencia Télam. "Logramos tener un producto de excelencia. Recuperamos todos los mercados que tenía Cresta Roja. Hoy todos los índices productivos son más eficientes y la empresa está por la buena senda", concluyó.

Si bien la situación económica está encauzada, todavía sigue pendiente el reclamo por los empleados que fueron cesanteados. Cristian Villalba, delegado de Cresta Roja, contó al diario El Cronista que la reincorporación de los trabajadores que fueron desplazados durante la crisis va a ser del 100 por ciento a medida que suba la producción, un nivel que se prevé que aumente en noviembre.