El presidente Mauricio Macri y varios funcionarios sumaron nuevas denuncias en su contra a raíz del acuerdo que el Estado aceptó con el Correo Argentino, en el que accedió a una quita de $ 70.000 millones -un 98,82% del total- en el marco de un concurso preventivo.

La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, pidió rechazar por "abusivo" el acuerdo alcanzado en junio de 2015 entre Correo Argentino S.A. y el Estado nacional.

La fiscal emitió un dictamen en el que sostuvo que lo acordado "equivale a una condonación" de la deuda "y debe considerarse abusiva", según informó el sitio Fiscales, que depende de la Procuración General.

Por ese acuerdo, la legisladora Gabriela Cerruti, con el abogado patrocinante Sergio Zurano, denunciaron a Macri, al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y al Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación Juan Carlos Mocoroa, por los delitos de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

La denuncia recayó en el juzgado del juez Ariel Lijo, con instrucción del fiscal Juan Pedro Zoni. Y se suma a otra que realizó más temprano el abogado Daniel Igolnikov contra los mismos acusados.

Ayer se conoció el dictamen de la fiscal Boquín, quien sostuvo que, según los cálculos de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración, el acuerdo implicaría una quita de más de 4.000 millones de pesos ahora y de más de 70.000 millones a 2033.

La fiscal agregó que el consentimiento estatal para el acuerdo fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso.

También remarcó que la familia Macri "detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., que a su vez posee el control accionario de Correo Argentino SA".

El Correo Argentino fue reestatizado en 2003 por el gobierno de Néstor Kirchner. Hasta ese momento la empresa fue controlada por las empresas de la familia Macri.

Boquín reseñó en el dictamen que, durante el concurso, el juez requirió información sobre la participación de Franco Macri en la compañía y la empresa "contestó que el padre del presidente de la Nación no es directivo de Correo Argentino S.A", informó Fiscales.

La empresa también respondió, según el escrito, que "la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.".

La propuesta a la que se se refirió la fiscal fue la realizada por la empresa en la audiencia del 28 de junio del año pasado, que se celebró a pedido del Estado Nacional que es titular de 32,65 por ciento del pasivo concursal, según se indicó en el dictamen.