El juez Claudio Bonadio elevó a juicio oral la causa contra Cristina Fernández por la causa denominada “dólar futuro”, que le provocó un perjuicio multimillonario a los argentinos. Luego de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara que la ex presidenta vaya a juicio en la causa donde fue procesada por el delito de "defraudación contra la administración pública", el magistrado decretó la clausura de la instrucción, dando lugar al pedido de elevación.

En la causa "dólar futuro", junto a Cristina Kirchner hay a otros 13 procesados: ex autoridades del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores.

Las acusaciones son por administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública. Durante la instrucción ,se determinó que la pérdida para el Banco Central por dicha operación fue de $55 mil millones. El juicio estiman sería en la primera etapa del año.

El fiscal Taiano -que el 8 de febrero solicitó la elevación a juicio oral- consideró que la ex Presidenta y su entonces ministro de Economía, junto a otros ex funcionarios, cometieron un "fraude descomunal al patrimonio público" y calificó el caso como una de las "causas de corrupción más importantes que hay" en el país porque le costó al Estado "55 mil millones de dólares".

En función de esto se solicitó la elevación a juicio oral, asegurando que lo que se generó fue “un importante perjuicio económico al Estado” por las operaciones denunciadas y que se realizó por "directivas impartidas por la entonces Presidenta de la Nación y su ministro de Economía Axel Kicillof, los Directores del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli Long Biocca, Miguel Ángel Pesce, Flavia Matilde Marrodán, Bárbara Emilia Domatto Conti, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán David Feldman, Pedro Martín Biscay y Sebastián Andrés Aguilera"

​Bonadio decidió rechazar las oposiciones para que la causa llegue a juicio oral y decretó la clausura de la instrucción.

Será la primera vez que Ferández enfrente una situación de estas características, aunque por las causas que tiene en su contra, no sería la última.

La ex presidenta, después de sus duras críticas sobre el manejo de esta causa calificándola de una "persecución política", pidió ir "lo antes posible" a juicio.

Tanto el fiscal como Bonadio consideraron que las operaciones trajeron "consecuencias dañosas para el patrimonio del B.C.R.A, ocasionando un grave perjuicio al erario público" y que la ex presidenta y Kicillof "eran quienes tenían a su cargo la administración y el cuidado del patrimonio del Estado". La pena va de un mes a seis años de prisión.

La causa comenzó por la masiva venta de contratos, durante la segunda mitad del 2015, a valores mucho más bajos a los que se vendían en el exterior. Mientras aquí se vendían coberturas a $ 10,60, en Nueva York el mismo contrato se ofrecía a $15.

Esto fue denunciado por los entonces diputados Federico Pinedo y Mario Negri, y tomó impulso durante el 2016 después de las declaraciones del ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay y los ex titulares del Banco Central Martín Redrado y Juan Carlos Fábrega.

El escenario judicial de la ex presidenta que ahora incluye un juicio oral, es complejo.

Está procesada por "asociación ilícita" en la causa que investiga una matriz de corrupción en la obra pública, con un embargo de 10.000 millones de pesos.

A su vez, está a un paso de ser procesada en la causa conocida como Los Sauces SA -la inmobiliaria familiar investigada por lavado de dinero y cohecho-. A su vez, avanza la investigación sobre otra firma familiar, Hotesur SA, que investiga el fiscal Gerardo Pollicita, y en la que podría haber llamados a indagatoria en la brevedad.