El fiscal Carlos Stornelli pidió la indagatoria, el desafuero y detención de Julio De Vido en la causa donde se investiga el desvío de más de 26.000 millones de pesos entre 2005 y 2015, que debían destinarse a la mina de Río Turbio en Santa Cruz. El pedido se realizó ante el juez Luis Rodríguez por el presunto delito de "defraudación a la administración pública" y "malversación de fondos". La solicitud de indagatorias incluye a otros 23 involucrados en la causa, entre ellos a Roberto Baratta.

La causa lleva la carátula "De Vido Julio y otros/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos", en ella se investigan varias denuncias contra el ex ministro kirchnerista: convenios celebrados entre Planificación Federal y la UTN junto con la Fundación Regional Santa Cruz, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la municipalidad de la Cuenca Carbonífera, para destinar fondos a la puesta en valor del ramal ferroviario del tren Eva Perón. Además, de fondos destinados a la Usina Térmica Río Turbio.

En la mayoría de los procedimientos hubo "violación de las leyes de contratación" de obras, ​triangulación con universidades "para esquivar la normativa aplicable, sobreprecios " de las valuaciones de costos", contrataciones de personal por sumas millonarias, entre otras irregularidades.

​La cifra investigada supera los $ 26.000 millones, fondos aplicados desde el extinto ministerio de Planificación entre 2005 y 2015. El dinero se volcaba a través de YCRT, empresa minera intervenida desde 2002 cuya autoridad era en el último período, Atanasio Pérez Osuna, actual intendente de Río Turbio.

El año pasado la actual gestión de YCRT a cargo de Omar Zeidán, denunció a De Vido por malversar dicha suma de dinero que debía destinarse a la Zeidán de la mina y cuya producción se encontraba en los mismos niveles que tenía en 1953. Se remarcó que en el período 2011 - 2015 se debían construir 37.975 metros de túneles y sólo se realizaron 11.244 metros “un 70 % menos de lo planificado".

La producción de carbón debía ser en ese mismo período, de 5.706.776 toneladas y sólo se extrajeron 841.990 toneladas: “un 85 % menos de lo establecido”. El trabajo señala que esto no guarda relación con el incremento de la planta de personal durante esos años que fue del 233 %. “YCRT tuvo esos años una importante inyección de transferencias presupuestarias de $ 16.048.404.69,​ consignó Stornelli.

En la decisión de Stornelli, fue clave la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), informe que publicó Clarín en 2016. Allí, se consignó que hubo "Irregularidades en el manejo de los fondos públicos, desapego a las leyes, procesos carentes de “razonabilidad y legalidad”. YCRT fue el destino de $ 26.000 millones desde los últimos diez años del gobierno kirchnerista, y sólo los últimos dos años del kirchnerismo en la Casa Rosada el gasto estimado por parte de la minera santacruceña fue de $ 10.000 millones.

Como una muestra del despilfarro de la gestión anterior, la denuncia y el dictamen del fiscal Stornelli, narra la construcción del tren "turístico" por la mina, por $ 700 millones. Se llegaron a facturar $ 300 millones. Aunque hay vías, vagones y otro material, el tren no anda y sólo estuvo en marcha el día de su inauguración: plena campaña electoral de Máximo y Alicia Kirchner. Incluso no existe el trazado de las zonas donde no fue autorizado.

Ante todas estas irregularidades, fuentes judiciales confirmaron a Clarín que se está ante una maniobra de "defraudación a la administración pública" y "malversación". "Los delitos son lo suficientemente graves para pedir la detención de De Vido y los demás involucrados", indicaron fuentes de la causa.

​Los convenios celebrados con la UTN - Facultad Regional de Santa Cruz (FRSC) fue otro punto crítico del dictamen. Entre 2009 y 2015 se suscribieron 453 convenios y 90 adendas entre YCRT y la FRSC por $ 4.866.400.000. Los gastos fueron calificados como “irregulares” y el mecanismo de contratación se hizo por tareas “que no son propias y específicas de estas instituciones”. Y que la subcontratación de la Facultad “habilitó la triangulación de las operaciones y permitió soslayar la aplicación de la normativa de contrataciones públicas”. Y sospechan de la existencia de "sobreprecios en diversas adquisiciones de bienes”.

La suma según el dictamen de Stornelli, asciende a " $ 260 millones sólo en contrataciones" con comisiones de l21% de la obra encargada: una l21 presupuestaria de unos $ 158.293.966 "un 42,33% más de lo cotizado por la empresa tercerizada por la Fundación".

La polémica Usina de Río Turbio, a cargo de Isolux Corsán también es parte de los motivos por los cuales el fiscal realizó el extenso llamado a indagatoria con pedido de detención. Según la SIGEN algo citado por Stornelli, se pagaron anticipos financieros "sin ejecución de obra certificada” y con una "débil o inexistente exigencia de cumplimiento de las obligaciones que surgen en el contrato". Se generaron “ampliaciones del contrato original en once oportunidades”. Su valor inicial fue de US$ 957.341.128.

Sumada las once variantes con impuestos incluidos, "incrementaron el 90,28 % el contrato original”. Según la SIGEN el monto de la usina de 240 MW a la fecha es de US$ 1.726.251.980, suma que “triplica el costo internacional promedio que se estima en US$ 2,4 millones por MW”.

Ante todas estas irregularidades, el Fiscal pidió las indagatorias y detención de 24 involucrados en la causa, entre los principales se encuentra: Julio De Vido (a quien se le pidió el desafuero), Roberto Baratta, el ex ministro de Minería Jorge Mayoral, Jaime Álvarez (actual ministro de Alicia Kirchner), del ex MINPLAN. De YCRT se llamó al actual intendente de Río Turbio Atanasio Pérez Osuna, Fernando Lisse, Miguel Larregina y Marta Perez. También, autoridades de la UTN y de la Fundación: el rector Hector Brotto, Martin Goycochea UTN Fundación Regional Santa Cruz Orlando Taboada Orlando Pastorio Claudio Masson Gustavo Maza. Entre otros.