Un llamado director del presidente Mauricio Macri decidió la decisión de desalojar la planta de PepsiCo tomada por los trabajadores despedidos, trascendió esta noche.

"Estábamos evaluando qué hacer y en eso llamó Mauricio”, contó un funcionario clave de María Eugenia Vidal.

El llamado de Macri fue al celular del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.

Funcionario contó los detalles en un almuerzo que compartió con varios de sus colaboradores. “Me pidió firmeza. Me dijo que no respondiéramos a la violencia, pero que actuáramos”.

En la Casa Rosada decían que bastó ese llamado para que se evaporaran las dudas del sector más cauteloso del Gobierno, tanto nacional como bonaerense, sobre cómo había que responder ante el pedido judicial. Las imágenes de forcejeos con los trabajadores que resistían el desalojo y la reacción de los efectivos de la Policía Bonaerense y de Gendarmería -que utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma para liberar la fábrica y desmantelar las carpas que habían montado en la puerta- tampoco alteraron el discurso oficialista: “Cumplimos la ley. O mejor dicho: cumplimos con un pedido de la Justicia”.

Ese era el descargo que hacían ayer al mediodía en los despachos oficiales y redoblaban la apuesta: “El procedimiento fue impecable”.

El propio Ritondo defendió el operativo, que involucró a 300 efectivos de la Bonaerense y a 190 gendarmes. “Cuando uno tiene 15 policías heridos, se sabe de dónde viene la violencia”, puntualizó el responsable de la Seguridad, y remarcó que una agente de Infantería sufrió una lesión “muy grave, con fractura expuesta” de tibia y peroné. Vidal respaldó el operativo por la noche.

Dijo: "Esta es la instancia que uno tiene que evitar. Hubo una orden judicial después de mucho tiempo de diálogo y trabajo. La toma de la empresa fue activada políticamente por sectores que se dieron a conocer".

El equipo de comunicación de la Rosada había hecho circular temprano entre los voceros un borrador con algunas líneas para sentar posición, o al menos para describir el conflicto frente a los micrófonos.

Ese texto decía que en la empresa trabajaban 490 personas bajo convenio y 60 por afuera del convenio. De ese número, 455 acordaron su desvinculación luego de que les garantizaran una doble indemnización y la continuidad del plan de salud hasta abril del próximo año.

En el Ministerio de Trabajo de la Nación afirmaban que las indemnizaciones iban de los 600 mil a los 5 millones de pesos, aunque los gremialistas insistían en que el piso era más bajo y que solo en casos excepcionales se alcanzaron cifras altas. “No se puede evaluar este conflicto pasando por alto el rol de los partidos de izquierda más intransigentes”, decían en la gobernación.

Los referentes de esos espacios, como Luis Zamora, Myriam Bregman o Nicolás del Caño -que actuaron como "garantes" para la salida de los trabajadores de la fábrica- hacían hincapié en que la represión forma parte de un plan de flexibilización laboral.

Lo mismo repetían, aunque sin haber pisado el lugar, algunas voces kirchneristas. Hebe de Bonafini se los recriminó: "Yo sé que las PASO los está preocupando y que les duele la barriga. Pero resulta que se olvidaron de que había pobres".

Pese a las críticas, en el macrismo circunscribían la protesta a “un conflicto laboral” con tinte político que no se asocia con el rumbo de la economía.

"Estamos creciendo", insistían. Se respaldaban en el panorama que en la última reunión de Gabinete brindó Nicolás Dujovne. Según el ministro de Hacienda, hay en marcha “un proceso clarísimo de reactivación”.

Frente a sus colegas del Gabinete aseguró que la inversión está por encima de los dos dígitos, confió que el dólar se estabilizó sin necesidad de intervención del Banco Central y adelantó que la tasa de crecimiento para el último trimestre del año estará por arriba del cuatro por ciento. “Estamos yendo al único lugar al que podíamos ir siendo graduales y cambiando el modelo económico”, contó al mediodía uno alto funcionario que no paraba de chatear mientras almorzaba milanesas de peceto con ensalada.