En medio de un tembladeral politico, con la oposición en abierta desobediencia civil y el temor a que haya estallidos de violencia durante la elección para la Asamblea Constituyente de este domingo, Estados Unidos ordenó a los familiares de su personal en la embajada de Caracas abandonar Venezuela. El anuncio del Departamento de Estado tiene lugar después de un aumento de las tensiones entre el gobierno de Donald Trump y el de Nicolás Maduro.

La Casa Blanca ya le impuso sanciones a 13 altos funcionarios chavistas y advirtió que se prepara para una respuesta "rápide y firme" si avanza el plan del gobierno venezolano para reformar la Constitución y darle más poderes al presidente.

El Departamento de Estado también autorizó la salida voluntaria de los empleados de gobierno, dada la crisis política y el pico de violencia.

Además, sugirió a los norteamericanos no viajar al país "debido a disturbios sociales, crímenes violentos y la omnipresente falta de alimentos y medicinas".

El anuncio se produjo tres días antes de las elecciones para la Constituyente, y en un clima de gran convulsión social en el que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) está decidida a no dar un paso atrás. Los líderes opositores decidieron ayer mantener y ampliar su desafío contra Maduro, pese a la suspensión del derecho a la manifestación y a la reunión impuesto por el gobierno. El llamado es no sólo a tomar hoy la capital, sino también las principales vías del país en la llamada ahora "Gran toma de Venezuela".

Desobediencia civil por todo lo alto: "A las 12,30 [justo después de la hora tope gubernamental] todos a la calle en todas las vías y avenidas", anunció el diputado Jorge Millán, quien actuó como vocero de la oposición y que calificó de "inconstitucional" la prohibición del oficialismo. "Mientras más seamos, menos podrán con nosotros", añadió Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento.

La respuesta llegó tras el movimiento de última hora del gobierno, que busca disminuir el impacto de la multitudinaria protesta de la oposición.

"Quedan prohibidas las reuniones y manifestaciones públicas en todo el país desde las 12 del 28 de julio", informó el ministro de Interior, mayor general Néstor Reverol, uno de los 13 sancionados por Estados Unidos, que incluso amenazó con penas de cinco a 10 años de cárcel para quienes "perturben" el proceso electoral. El "éxito" de las 48 horas de la huelga general, que se acrecentó durante la jornada de ayer, ha obligado al oficialismo a mover ficha en vísperas de los comicios amañados de la Constituyente. Y lo ha hecho mediante un fuerte despliegue militar, que incluso ha sumado a los milicianos al Plan República, para un total de 230.000 hombres.

Las amenazas gubernamentales no han amedrentado a la oposición, otra cosa será si han conseguido atemorizar a sus militantes. Más tensión para un conflicto que se ha cobrado, de momento, siete vidas durante el paro cívico de esta semana. La fiscalía confirmó un total de 109 en 118 días de protestas, tras ordenar la investigación del asesinato de un menor de 16 años en Caracas y de un gerente comercial de 48 en el interior del país.

Gilimber Terán fue alcanzado por un proyectil en la cabeza cuando volvía de llevar comida a su hermano. Al pasar cerca de una protesta recibió el disparo, procedente, según sus familiares, de un grupo de colectivos revolucionarios que fustigaba a los concentrados.

A Aurelio González lo acribillaron a balazos cuando también acababa de llevar comida a un grupo de jóvenes que se enfrenta a la policía en Los Guayabitos, estado Carabobo. Era un conocido miembro de la resistencia contra Nicolás Maduro. De forma extraoficial también se adelantaron las muertes violentas de José Miguel Pestano, de 16 años, y de Anthony Torrealba, en un oscuro crimen. El joven fue encontrado en un vertedero con el cráneo fracturado. "Los vecinos nos han informado que le llevaron en un camión de la Guardia Nacional", informó Guevara.

Cifras terroríficas que se van acumulando al mismo ritmo que los agentes gubernamentales atacan a manifestantes y a sus residencias, como el miércoles en la noche en La Candelaria, barrio cercano al Palacio de Miraflores en el que viven emigrantes españoles y portugueses.

Maduro insistió ayer, a última hora, en abrir un diálogo directo con los opositores, a los que acusó de ser unos matones a sueldo: "Le propongo a la oposición que abandone el camino insurreccional, que vuelva a la Constitución, e instalemos en las próximas horas una mesa de diálogo".

Una propuesta que la oposición no aceptó, pese a que uno de sus líderes, el gobernador Henri Falcón, se mostró decidido a acudir al diálogo.

"Nunca hubo una intención real de acuerdo", detalló Guevara para explicar las negociaciones mantenidas con José Luis Rodríguez Zapatero.