Luego de una semana, el Gobierno sigue con preocupación las alternativas de la desaparición del militante Santiago Maldonado, que sus amigos aseguran fue detenido por Gendarmería Nacional cuando intentaba huir de un operativo en la Compañía de Tierras Sud Argentino ocupado por el Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen en Chubut, lo que es negado por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, que entiende en la causa.

Ayer por la noche el presidente Mauricio Macri habló con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ansioso por mostrar resultados en la búsqueda del joven desaparecido. No solo lo preocupaba el pronunciamiento del Comité sobre Desaparición Forzada de Personas de las Naciones Unidas exigiendo al Estado argentino que adopte "una estrategia integral y exhaustiva" para encontrar con vida a Maldonado, sino también las dificultades para obtener información fehaciente.

Es que el propio juez informó que los miembros de la comunidad Pu Lof en Resistencia no permitieron un rastrillaje exhaustivo en la zona, ni que el personal policial puediera analizar el rastro con un perro adiestrado, como él había solicitado. Tampoco permitieron el uso de drones que arribaron a Esquel para ser utilizados por personal capacitado en la búsqueda de personas de la Policía Federal Argentina.

En Casa Rosada, los pocos funcionarios que no están haciendo campaña por Azul, a donde viajó Macri para acompañar a la gobernadora María Eugenia Vidal, o por Córdoba, donde está el jefe de Gabinete, Marcos Peña, están abocados al monitoreo de la situación, que está alcanzando gran repercusión en el mundo desde que el sábado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acudiera a la ONU.

La directora del área internacional del CELS, Gabriela Kletzel, declaró que "la comunicación (de la ONU) es clara y rígida respecto de lo que debe hacer el Gobierno nacional, no le deja márgenes para no actuar", lo que presupone poco interés en resolver el caso de parte de las autoridades.

Por el contrario, en Casa Rosada y en el Ministerio de Seguridad aseguran que están abocados a encontrar con vida a Maldonado, ofreciéndole al juez nuevas alternativas a la declaración de los testigos que, hasta ahora, se niegan a dar testimonio ante la Justicia, como es la recompensa de $500.000 a quienes ofrezcan información que pueda ser chequeada para encarar algún tipo de investigación consistente.

Lo poco que pudo saberse, hasta ahora, es que el celular que Maldonado usaba fue comprado a una empresa chilena y estaba a nombre de otra persona, un ciudadano chileno con residencia en Chile, que es el que pagaba la cuenta. Se descuenta, entonces, que se profundizará la cooperación entre las fuerzas de seguridad de ambos países limítrofes.

Descartada la detención de Maldonado por parte de Gendarmería o cualquier otra fuerza de seguridad, un funcionario que fue consultado acerca de las hipótesis que se manejan dijo: "No estamos en condiciones de pensar ninguna, no quisiera pensar que, terminado el caso de Milagro Sala (sobre el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó la detención domiciliaria), ahora están fogoneando este".