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Macri le sacó la caja a la CGT: se quedan sin el control de unos $ 7.000 millones anuales
Ya no manejarán la caja de las obras sociales, su principal fuente de recursos. Fue en represalia por la protesta a Plaza de Mayo en la que hubo disturbios, gente armada con palos y encapuchados
22 de agosto de 2017
Mauricio Macri apuntó donde más le duele a los gremios como represalia por la decisión de la CGT de realizar una protesta en Plaza de Mayo.
Cuando las columnas de los sindicatos de la CGT se desmovilizaban tras la protesta contra el Gobierno, Mauricio Macri tomó la primera decisión como respuesta: mandó a que le pidieran la renuncia a Luis Scervino, el Superintendente de Servicios de Salud.
El cargo es el más importante que tienen los sindicatos en la estructura estatal. Desde allí se controlan las obras sociales, que desde siempre fueron receptoras de la mayor caja que manejan los sindicatos.
Hombre de José Luis Lingeri (jefe del gremio de los trabajadores de Aysa), Scervino también le prestó servicios a Camioneros y la UOM.
La Superintendencia tiene un presupuesto anual de unos 7.000 millones, y entre los programas que controla está el giro de los pagos de la Administración de Programas Especiales, que financian los tratamientos de enfermedades con tratamientos costosos que deben atender las obras sociales.
Scervino venía siendo cuestionado dentro del Gobierno.
Antes de que se conociera la decisión de Macri, el Presidente había criticado la marcha de protesta: la consideró "una pérdida de tiempo" y dijo que ese tipo de manifestaciones "no nos lleva a ningún lugar".
En un encuentro con jóvenes empleados de la consultora Accenture, Macri le dijo a su auditorio que "no hay que poner la energía en movilizarnos a no sé qué, como hace unas horas veíamos".
Macri también dijo que en su gestión había dialogado durante su gestión con los sindicatos "y hemos resuelto el tema de la reparación histórica, una parte del impuesto a las ganancias, problemas que tenían las obras sociales".
En este último punto, se refirió al acuerdo que anunció hace un año, cuando devolvió a las obras sociales 2.700 millones de pesos de los 29.000 millones del Fondo Solidario de Redestribución (FSR), que el kirchnerismo había retenido.
De esa deuda que el Estado mantiene con el sistema de obras sociales sindicales, el Presidente anunció en aquél momento que 8.000 millones serían destinados a una cobertura universal, a partir de un plan que diseñó el Ministerio de Salud dirigido a personas sin cobertura de salud y en situación de vulnerabilidad social. A su vez 15.000 millones de pesos adeudados se saldarán definitivamente en 2020 a través de bonos.
Scervino había llegado al Gobierno el 18 de diciembre de 2015. Sanitarista de larga trayectoria, hasta ese momento se desempeñaba como director médico de la obra social de los trabajadores de Obras Sanitarias e integraba el comité de expertos que asesoran a la CGT sobre temas de seguridad social.
Esta designación fue negociada con el macrismo por Lingeri, ex titular de otro organismo que manejaba la plata de las obras sociales (ANSSAL) en el gobierno de Carlos Menem, y el nombramiento fue avalado también Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo.
Cuando las columnas de los sindicatos de la CGT se desmovilizaban tras la protesta contra el Gobierno, Mauricio Macri tomó la primera decisión como respuesta: mandó a que le pidieran la renuncia a Luis Scervino, el Superintendente de Servicios de Salud.
El cargo es el más importante que tienen los sindicatos en la estructura estatal. Desde allí se controlan las obras sociales, que desde siempre fueron receptoras de la mayor caja que manejan los sindicatos.
Hombre de José Luis Lingeri (jefe del gremio de los trabajadores de Aysa), Scervino también le prestó servicios a Camioneros y la UOM.
La Superintendencia tiene un presupuesto anual de unos 7.000 millones, y entre los programas que controla está el giro de los pagos de la Administración de Programas Especiales, que financian los tratamientos de enfermedades con tratamientos costosos que deben atender las obras sociales.
Scervino venía siendo cuestionado dentro del Gobierno.
Antes de que se conociera la decisión de Macri, el Presidente había criticado la marcha de protesta: la consideró "una pérdida de tiempo" y dijo que ese tipo de manifestaciones "no nos lleva a ningún lugar".
En un encuentro con jóvenes empleados de la consultora Accenture, Macri le dijo a su auditorio que "no hay que poner la energía en movilizarnos a no sé qué, como hace unas horas veíamos".
Macri también dijo que en su gestión había dialogado durante su gestión con los sindicatos "y hemos resuelto el tema de la reparación histórica, una parte del impuesto a las ganancias, problemas que tenían las obras sociales".
En este último punto, se refirió al acuerdo que anunció hace un año, cuando devolvió a las obras sociales 2.700 millones de pesos de los 29.000 millones del Fondo Solidario de Redestribución (FSR), que el kirchnerismo había retenido.
De esa deuda que el Estado mantiene con el sistema de obras sociales sindicales, el Presidente anunció en aquél momento que 8.000 millones serían destinados a una cobertura universal, a partir de un plan que diseñó el Ministerio de Salud dirigido a personas sin cobertura de salud y en situación de vulnerabilidad social. A su vez 15.000 millones de pesos adeudados se saldarán definitivamente en 2020 a través de bonos.
Scervino había llegado al Gobierno el 18 de diciembre de 2015. Sanitarista de larga trayectoria, hasta ese momento se desempeñaba como director médico de la obra social de los trabajadores de Obras Sanitarias e integraba el comité de expertos que asesoran a la CGT sobre temas de seguridad social.
Esta designación fue negociada con el macrismo por Lingeri, ex titular de otro organismo que manejaba la plata de las obras sociales (ANSSAL) en el gobierno de Carlos Menem, y el nombramiento fue avalado también Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo.