La consigna es clara y fue discutida en lo más alto del poder: cueste lo que cueste, los problemas energéticos no deben alcanzar nunca la dimensión de los apagones ocurridos en los 80.

Y en medio de esa premisa, la administración Kirchner dejó entrever enredos verbales para todos los gustos en los últimos días.

El gobierno tomó nota de que el lado flaco de la gestión está vinculado ahora con los problemas de abastecimiento energético que se avecinan, y que pueden agudizarse durante el verano, algunos de los cuales ya están aquí.

Es que la devaluación y pesificación impactó con fuerza en todos los rubros vinculados con la infraestructura, y donde más comenzó a notarse es en la energía.

El Estado hace lo que puede para sostener las inversiones, pero no alcanza para compensar las necesidades que tiene un país con crecimiento económico del 10 por ciento promedio en los últimos tres años.

En medio de los cruces con especialistas en energía de la oposición, De Vido cometió en los últimos días un lapsus, al admitir, por primera vez, que la Argentina soportó "problemas gravísimos" en el suministro de energía, que siempre había negado. Pero garantizó que "quedaron superados".

Las palabras del ministro buscaron llevar tranquilidad, pero no lograron disipar las dudas que existen entre los industriales.

Es que hubo cierta sorpresa fabril por la decisión oficial de aplicar un nuevo esquema de abastecimiento de energía eléctrica, por el cual, a partir del primero de noviembre próximo, los grandes usuarios que superen los consumos de 2005 deberán cubrir esa diferencia por sus propios medios, léase por ejemplo, con autogeneradores.

La principal precupación del gobierno, por estas horas, es "garantizar" el abastecimiento de energía eléctrica para casas de familia y pequeñas y medianas empresas durante el próximo verano.

Es que buena parte del consenso que tiene Kirchner podría correr riesgos si los argentinos pasan un verano con cortes relámpago de luz que hagan recordar el peor momento del gobierno de Alfonsín.

Para cubrir este mayor consumo, el Gobierno apeló ahora a esta medida, pero antes tuvo que importar gas de Bolivia, energía eléctrica de Brasil y combustibles líquidos desde Venezuela.

La resolución generó incertidumbre y preocupación entre el empresariado, ya que obliga a unos 5.000 grandes usuarios a tener que buscar alternativas para cubrir el mayor consumo energético que implica la reactivación económica.

Pero De Vido dio otras pistas sobre lo que viene, y abrió algunos interrogantes sobre qué se puede esperar de Bolivia.

Cruzado por conflictos internos y problemas de inversión, se profundizaron en los últimos días las dudas sobre si el gobierno de Evo Morales, más allá de sus buenas intenciones, estará en condiciones de enviar todo el gas que necesite la Argentina.

"Si hace falta, estaremos con los hermanos bolivianos para ayudarlos", dijo De Vido, sin dar muchas precisiones sobre las características que tendría esa "ayuda".

El ministro viene responsabilizando desde hace un tiempo al "crecimiento económico explosivo" por los problemas en la provisión energética.

El inconveniente pasa porque, con una economía imparable, el sistema energético está al límite, y las centrales que de apuro ahora se proyectan recién estarían en funcionamiento en un año y medio o dos.

El sector privado, con tarifas congeladas, por ahora rehuye la posibilidad de invertir, y sólo queda el Estado para hacer frente a esa mayor demanda.

El gobierno aún cuenta con distintas herramientas si la ecuación energética termina de complicarse.

Una posibilidad es reducir más las exportaciones a Chile, una cuestión que estará en la agenda de temas que abordarán los presidentes Kirchner y Bachelet en el encuentro que mantendrán el martes en Mendoza.

En cuanto a las compras a Bolivia, el gobierno de Kirchner ya aceptó, a regañadientes, pagar un precio más alto por el gas, otra muestra de que existen problemas.

Eso, sumado a la aplicación de un precio diferencial en la frontera, confirman una problemática cada vez más difícil de disimular.

Hay otros datos que se seguirán agudizando en los próximos meses y que constituyen otros puntos de alarma. La caída de la producción de petróleo y del gas es un dato clave.

Si la crisis se profundiza hasta niveles insoportables, el gobierno podría echar mano de otra medida que por ahora está desechada.

Obligaría a las industrias que estudian ampliar sus instalaciones a explicar previamente cómo harán para garantizarse el abastecimiento de energía, por ejemplo, mostrando contratos con proveedores externos, aunque sea a un costo más alto.

Si todo falla, el gobierno debería echar mano de una medida que viene demorando a la espera de las elecciones del 2007, y que por ahora es mala palabra en la Rosada.

Autorizaría aumentos de tarifas de luz y gas a los consumos domiciliarios medio altos y altos, con la intención de aplicar una especie de "ahorro forzoso" de energía.

Sería un costo político alto ante una opinión pública que no quiere más aumentos.

Mientras se espera que ese escenario no llegue, el sector empresario tomó la precaución de hacer acopio de grupos electrógenos, un fenómeno que grafica hasta dónde llega la dimensión de la crisis energética que nadie quiere nombrar.