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26 de abril de 2024
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La Ley de Obesidad puede colapsar el sistema de salud
Lo advierten prepagas y obras sociales. Es que obliga, entre otros tratamientos, a realizar sin cargo la costosa operación del cinturón gástrico, de U$S 10 mil
18 de agosto de 2008
La ley que obliga a obras sociales y prepagas a cubrir la obesidad como enfermedad y
financiar costosos tratamientos relacionados puede provocar el colapso del sistema de salud y postergar una vez más las carencias de más de 16 millones de personas que no disponen de cobertura médica en la Argentina.

Así lo advirtió hoy la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), que nuclea a prestadores y financiadores sin fines de lucro como los hospitales de comunidad Alemán, Británico e Italiano, y a OSDE y CEMIC, entre otros, al recordar que "ni el país ni el sector de la salud están en condiciones de incorporar estos tratamientos y cirugías -como el cinturón gástrico- que no se cubren en ningún lugar del mundo".

Se estima que en la Argentina poco más del 17 por ciento de la población padece obesidad, por lo que la nueva legislación votada por el Congreso alcanzaría a unos 7 millones de pacientes.

"Con esta ley el sistema puede colapsar. Además, profundiza los desequilibrios porque relega una vez más a 16 millones de argentinos sin cobertura médica, que deben atenderse con escasez de insumos y aparatología obsoleta en un hospital público
colapsado", advirtió el titular de ACAMI, Marcelo Mastrángelo.

El directivo señaló que "al aumento de precios del material descartable, se agrega la elevada incidencia de las nuevas tecnologías, los mayores costos que desencadenan los juicios por mala praxis y la medicina defensiva, y la ampliación permanente
del Programa Médico Obligatorio (PMO), configurando una situación altamente deficitaria para el sector".

Esta semana, el Gobierno nacional recibirá a representantes de las Cámaras del sector con el fin de analizar detalles del proyecto de regulación y estimar la incidencia en los costos de la Ley de Obesidad.

Al respecto, el superintendente de Salud, Héctor Capaccioli, anticipó que no sólo se tomará en cuenta para los aumentos el Indice de Precios al Consumidor (IPC), sino tambien el impacto de las tecnologías medicas de última generación, la ampliación de
coberturas por nuevas terapias y la variación en el precio de los medicamentos.

En el ámbito de salud porteño, el hospital Argerich es el único establecimiento público que brinda la posibilidad de acceder a una cirugía bariátrica -conocida como ‘cirugía de la obesidad o by-pass gástrico- una intervención que tiene un costo de alrededor de 10.000 dólares, y sería necesaria para alrededor de un 20 % de los obesos mórbidos que existirían en la Argentina.

En la misma línea, Jorge Braguinsky, director del postgrado en Nutrición de la Universidad Favaloro; Julio Montero, presidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios (Saota); y Susana Gutt, subdirectora de la carrera de Nutrición de la UBA, observaron que "ningún país del mundo tiene una ley contra la obesidad".

Braguinsky y Gutt advirtieron, además, que ni las prepagas ni las obras sociales podrán brindar atención a todos los obesos del país, "ni siquiera a la décima parte de los adultos que sufren esa enfermedad".

Los especialistas consideraron que lo primero que habría que definir es cuál es el criterio estadístico-epidemiológico para determinar que una persona es obesa. Y luego, mas que legislar sobre una enfermedad se deberían implementar programas de
prevención; es decir, consideran que en la Argentina "hacen falta acciones y no hace falta una ley".

En el país no hay datos confiables de lo que se invierte en el tratamiento de la obesidad. Las obras sociales y las prepagas sólo pueden determinar que "el impacto será sumamente costoso", y evidencian serias dudas en poder hacer frente a la demanda, ya que de aumentar las cuotas, los tratamientos serán absorbidos por todos los afiliados.

"Las enfermedades sociales, como la obesidad, bulimia y anorexia, las infecto-contagiosas, enfermedades mentales y problemas de la tercera edad, deberían ser asumidas por la sociedad en su conjunto, con financiamiento explícito en una Ley
Nacional de Salud", sostienen desde el sector.

Por otra parte, algunos expertos alertan sobre el alto riesgo de la cirugía bariátrica y el by-pass gástrico, ya que en muchos casos entrañan consecuencias no deseadas y riesgo de vida durante la cirugía.

Al respecto, advierten sobre los peligros posteriores, ante el eventual incumplimiento de las indicaciones médicas, que requieren el seguimiento por un equipo multidisciplinario y debe ser riguroso para que estas intervenciones logren resultados
convenientes.

También existe alarma en el sector de las obras sociales ante los juicios por mala praxis y los recursos de amparo que podría originar la nueva legislación.

Como ejemplo, el juez federal Daniel Rafecas recientemente citó a prestar declaración indagatoria a los responsables de la Obra Social Bancaria Argentina (OSBA "Solidaridad"), por no cumplir una orden judicial para realizar un "by pass gástrico" a una afiliada que padece obesidad.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) los costos directos de la enfermedad en diferentes países del primer mundo, representan entre el 2 y el 7% del presupuesto de la salud pública.

Un estudio de las Universidades de Virginia y Harvard estima que el costo de la obesidad en los Estados Unidos, se eleva a 99.200 millones de dólares anuales.

En Inglaterra, la obesidad provoca la muerte prematura de 9.000 ciudadanos británicos cada año. Es "el mayor reto que afronta la sanidad pública", alertó Ivan Lewis, jefe del Sistema Nacional de Salud británico (NHS). El problema tiene un costo estimado en
5.000 millones de euros anuales y representa un impacto para la economía del país de más de 19.000 millones de euros al año.