Un grupo de funcionarios del Ministerio de Economía es intensamente investigado debido a una presunta estafa por 54 millones de pesos, la que habrían cometido a través del pago de una supuesta deuda no reconocida por la Justicia.

La investigación está en manos de expertos del mismo Ministerio, donde se dictó un sumario a los funcionarios que estarían implicados.

La supuesta deuda que pagaron había sido contraída, según la investigación, con la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (CNAS) que tenía más de 20 años y que la Justicia no había reconocido.

El hecho se habría concretado hace poco más de un año y fue denunciado ante los tribunales por el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido.

La causa quedó radicada en el juzgado federal de María Servini de Cubría.

Según indicó Garrido en declaraciones a un matutino, funcionarios públicos y terceros "pergeñaron una maniobra para realizar una disposición patrimonial absolutamente perjudicial para el Estado".

Y detalló que siguió la ruta del dinero hasta comprobar que fue depositado en distintas cuentas, en operaciones que sólo podrían comprenderse como una maniobra de "lavado de dinero".

Los principales acusados por la presunta estafa son Osvaldo Siseles, ex subsecretario legal del Ministerio de Economía nombrado por Roberto Lavagna, y la ex directora de Asuntos Jurídicos de esa cartera Yolanda Eggink, que actualmente cumple funciones en el Ministerio de Planificación.

Como si las acusaciones fueran menores, Siseles y Eggink son dos de los cuatro procesados en el caso Greco, donde están acusados de aprobar una indemnización indebida de más de 600 millones de pesos a empresarios que sufrieron expropiaciones durante la dictadura.

La lista de sospechosos se completa con el ex subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial Cayetano Intelisano, que lleva varios gobiernos trabajando en el Ministerio de Economía.

Si bien el sumario está abierto, desde el Ministerio aseguraron a la prensa que nadie será desplazado hasta que no se determinen las responsabilidades.