La presidencia del Banco Central recibió el viernes a las 12.30 una llamada urgente, desde Nueva York. Abogados del estudio Sullivan & Cromwell, que defienden los intereses del BCRA contra los fondos buitres y otros litigantes contra el Estado argentino en Manhattan, alertaron que el juez Thomas Griesa había convocado ese mismo viernes una "reunión de partes" para pedir información.

La movida de Griesa precede a una resolución que el juez podrá tomar entre este semana y los próximos dos meses, y es un indicio de que la causa contra la Argentina se está moviendo a partir del conflicto por el traspaso de las reservas al Tesoro, en el marco de la iniciativa del Fondo del Bicentenario.

"El llamado paralizó a los funcionarios leales a Kirchner, que por entonces intentaban acreditar los US$ 6.569 millones de las reservas en la cuenta del Tesoro, y que finalmente no pudieron hacerlo porque llegó la medida cautelar de la jueza (María José) Sarmiento suspendiendo todo", contó a Clarín una muy alta fuente del Central.

La convocatoria a la reunión de partes se sumó a la preocupación de abogados del Estado y de las áreas legales del Central por los riesgos que implica avanzar según los términos del decreto 2010/09, que creó el Fondo del Bicentenario.

El miércoles, otro estudio que defiende los intereses del Estado, Cleary Gottlieb, remitió una evaluación -realizada por pedido oficial- que concluyó que "el decreto y su implementación pueden abrir la puerta para que los acreedores intenten nuevos embargos y bloqueos en las cuentas del BCRA".

Es un dato no menor, ya que hasta ahora -luego de ocho años de luchar en los tribunales de Manhattan-, la defensa argentina pudo demostrar que las reservas y otros activos de dependencias oficiales no tuvieron relación con la caja del tesoro.

En el fondo de las cuestión está la discusión por la figura jurídica del "alter ego": según los acreedores, el BCRA no es un ente autárquico, sino un brazo más del Tesoro. El argumento fue utilizado cuando el Gobierno le pagó al FMI y cuando nacionalizó los fondos de las AFJP. En ambas oportunidades, la Justicia neoyorquina falló finalmente a favor de la Argentina.

Pero esta vez, los megafondos NML Capital, perteneciente a Elliot; y EM, del magnate y productor de vasos plásticos Kenneth Dart, sostienen que, al contrario de lo que pasó con el FMI, ahora se pone en juego una "relación comercial". Si prospera, el argumento podría volver embargables a la totalidad de las reservas, y no sólo a la parte afectada al Fondo del Bicentenario. Griesa, un magistrado de 79 años, amante de la filosofía y del clavicordio, falló hasta ahora siempre en favor de la Argentina, pero podría cambiar de opinión si el Gobierno da un paso en falso.

"Los embargos no avanzaron en estos años, pero es cierto que (Amado) Boudou fue siempre más desprolijo que (Martín) Redrado en este tema: hubo más trastornos en los tribunales de Nueva York para la Argentina con la nacionalización de las AFJP", contó anoche a Clarín el economista jefe de un banco de inversión estadounidense, "el problema inmediato -siguió- es el efecto que tendrá sobre el canje". En otras palabras: si entra un embargo -por más que finalmente se anule en favor de la Argentina- cae el precio de los bonos, y por lo tanto el valor de la oferta del canje.

Sería, también, un baldazo de agua fría para la estrategia de vuelta a los mercados de deuda voluntaria. Boudou planeaba viajar este miércoles a Washington, a la reunión de gobernadores del BID, que los economistas comparan con el abierto de tenis de Australia, el primer Gran Slam del año, en el que se calientan motores para el resto del calendario. Pero con el conflicto con Redrado, en Economía decían ayer que la misión oficial se suspendería. Tal vez Juan Martín Del Potro tenga más suerte en la carpeta de Sidney.