Un inspector del Gobierno porteño había alertado sobre el riesgo de derrumbe en la zona donde se desplomó el edificio de Bartolomé Mitre 1232, en el barrio porteño de San Nicolás.

Cuarenta días antes del derrumbe, había elaborado un informe en el que indicaba que la obra aledaña al inmueble que se desplomó implicaba riesgos para las dos propiedades linderas, de gran antigüedad.

El documento se conoció el jueves durante la presentación que hizo Javier Ibáñez, director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) en la Legislatura porteña.

Según el acta de inspección, fechada el 26 de septiembre, la obra de excavación todavía no había comenzado en el terreno de Mitre 12201/1228 cuando fue visitada por un verificador de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (Dgfyco).

El inspector Ricardo Waisblat dejó constancia de que los trabajos tenían todos los planos de estructura y submuración debidamente registrados y de que la seguridad “propia y hacia bienes linderos” no se veía afectada al momento del control.

Sin embargo, en las observaciones, Waisblat remarcó que “los edificios linderos son de importante altura y de antigua data. Se realizarán tres subsuelos. Importante verificar la submuración”.

También detalló que la excavación comenzaría dos días después.

En ese sentido, los legisladores de la oposición consideraron que la advertencia del informe demuestra la negligencia del Poder Ejecutivo porteño en materia de inspecciones, ya que no efectuó los controles necesarios para evitar el derrumbe pese al riesgo existente.



Por su parte, Ibáñez desestimó las acusaciones: “la normativa vigente ordena realizar una siguiente inspección cuando la excavación supera los 4 metros de profundidad. Se calcula que esa instancia llega a los 20 días, debíamos volver el 20 de noviembre. El derrumbe ocurrió a los cuatro días".

A todo esto, la Dirección General del Trabajo visitó la obra en cuatro oportunidades, los días 13, 14, 19 y 21 de octubre, y descubrió que, pese a que la fecha de excavación estaba prevista para el 28 de septiembre, no había comenzado.

La actividad se inició recién el 31 de ese mes.

En tanto, diputados opositores insistieron en que, si el gobierno de Mauricio Macri hubiera reglamentado una ley aprobada el año pasado, la N° 3562, que incorpora dos inspecciones en la etapa de excavación, la tragedia podría haberse evitado.

"El gobierno de la ciudad hizo oídos sordos a una inspección que alertaba sobre la posibilidad del derrumbe. No reglamenta la ley y no escucha las alertas", dijo el presidente del bloque ibarrista, Eduardo Epszteyn.

Su par de la bancada de Proyecto Sur, Fabio Basteiro, reiteró: "Los problemas surgen por la falta de contralor sobre las excavaciones y la irresponsabilidad política del oficialismo porteño de no reglamentar la ley N° 3562".

Al igual que los días previos, Ibáñez justificó la demora en ese trámite en la existencia de objeciones del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, la Sociedad Central de Arquitectos y la Asociación de Ingenieros Estructuralistas.

"El mensaje que dio el oficialismo es que el Estado no puede hacer nada para que estas cosas no pasen más. Habría que declarar la emergencia en las construcciones en la Ciudad", protestó desde la Coalición Cívica la diputada Rocío Sánchez Andía.