Por José Calero

Cristina Fernández, quien domina el Congreso a voluntad y por control remoto desde la Casa Rosada, dio la orden de avanzar a fondo para regular la provisión de papel para diarios en la Argentina, y pretende así torcerle el brazo a Clarín, La Nación y, llegado el caso, Perfil, a los que considera "medios opositores".

Como las millonarias sumas que gasta el gobierno en solventar diarios que no lee nadie y tienen prohibido criticar al kirchnerismo, convitiéndose en medios de propaganda, no sirvieron más que para sacar recursos de los argentinos que podrian destinarse a mejores fines, ahora la omnipotencia oficial parece querer ir por todo el sistema de medios.

Así, el Gobierno dio otro paso para imponer una ley que controla el papel para diarios, en una cara casi tan oscura como la que rigió el sistema de distribución de papel hasta ahora.

Si en las últmas décadas Clarin y La Nación se convirtieron en grupos oligopólicos, ahora se corre el riesgo de ingresar en una etapa aún más oscura, donde el Estado tendrá el monopolio de qué y quiénes pueden editar diarios en la Argentina.

Cinco comisiones de Diputados -dominadas por el kirchnerismo- emitieron dictamen a favor de un proyecto que declara “de interés público” la fabricación, comercialización y distribución del papel para diarios y revistas, al tiempo que delega en el Poder Ejecutivo la elaboración del marco regulatorio de la actividad.

La iniciativa podría llegar esta semana al recinto. La norma, que intenta controlar Papel Prensa, fue avalada sin cambios con la firma de 85 legisladores pertenecientes al oficialismo. La decisión fue adoptada en un plenario de las comisiones de Comercio, de Comunicaciones e Informática, Peticiones, Poderes y Reglamento, y la de Libertad de Expresión, pertenecientes a la Cámara baja.

El papel es el insumo básico de la prensa escrita.

Por eso, el Pacto de San José de Costa Rica prohíbe específicamente que el Estado controle ese insumo como vía de censura indirecta. El proyecto oficial, cuyos fundamentos remiten al informe oficial sobre Papel Prensa elaborado por Comercio Interior, que dirige Guillermo Moreno, promueve una fuerte intervención estatal tanto al nivel de la producción como de la importación de papel (hoy libre y con arancel cero). E impulsa un mecanismo que llevaría a la licuación de la propiedad privada de la empresa a través de ampliaciones del capital estatal.

"El Gobierno quiere controlar la producción y distribución de papel, como tuvimos hasta 1955, cuando se regulaban los insumos de los medios gráficos, las cuotas de papel que se podían importar y a qué empresas se les asignaba el papel", aseguró el constitucionalista Gregorio Badeni, un hombre cercano a Clarín.

El proyecto que impulsa ahora el Gobierno es para premiar a los medios “adictos” y castigar a los “críticos”, del mismo modo que hace el kirchnerismo con la distribución arbitraria de la publicidad oficial.

Para Badeni, “toda restricción a la libertad de prensa y de expresión genera en la sociedad una reacción muy fuerte. El Gobierno pretende avanzar sobre Papel Prensa porque fracasaron todas las medidas que quiso adoptar sobre esta empresa”, afirmó.