La presidenta Cristina Fernández concretó hoy lo que cree será la ofensiva final para eliminar a la prensa crítica, que todavía no pudo ser domesticada.

Con el voto de la mayoría oficialista y de seis legisladores de fuerzas aliadas, el Senado sancionó la controvertida ley que intenta regular el mercado del papel de diarios, insumo básico de la prensa escrita y uno de los pilares de la libertad de expresión.

La iniciativa fue aprobada por 41 votos a favor y 26 en contra y una abstención.

A contramano de las advertencias de las entidades periodísticas y empresarias y de las fuerzas de la oposición, el oficialismo del Senado consiguió los votos para aprobar la iniciativa impulsada por la Casa Rosada.

Además del kirchnerismo, la norma fue sancionada por los fueguinos de Nuevo Encuentro, el porteño Samuel Cabanchik, el Movimiento Popular Neuquino y los peronistas Carlos Menem (La Rioja), Roxana Latorre (Santa Fe) y María Higonet (la Pampa) y el radical José Roldán (Corrientes). La UCR, el PJ disidente, el Frente Amplio Progresista y los partidos Renovador de Salta y Liberal de Corrientes votaron en contra.

A partir de la promulgación de la ley, la empresa Papel Prensa estará obligada a operar al máximo de su capacidad y a proveer de papel a todos los diarios del país que así lo requieran a un precio que fijará el Ministerio de Economía. El caso de no poder cumplir con esas metas, la norma contempla sanciones que llegan hasta la confiscación de la firma.

Se trata de un controvertido marco regulatorio que le otorga al Estado una fuerte injerencia en el manejo y la administración de uno de los insumos básicos para la prensa.

La votación llegó después de más de cinco horas de debate. En el inicio de la sesión, la kirchnerista Liliana Fellner (Jujuy) aseguró que el proyecto apunta a la "la pluralidad de voces" y a "democratizar" la actividad de los medios. La legisladora, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara alta, agregó que busca "terminar con los cupos que impiden que todos los diarios del interior del país accedan al papel".

En contra de las advertencias de Fellner, la a Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (Adira) había advertido la semana pasada que la iniciativa oficial podría perjudicar a esos medios. Reclamó al Gobierno que garantice el pluralismo informativo y la continuidad de todas las empresas periodísticas del interior.

Uno de los que defendió con mayor énfasis el proyecto oficialista fue el flamante senador del FPV Aníbal Fernández, que lanzó: "No seamos naif, no es un chiste, ni una pelea de poder ¿De qué libertad de expresión estamos hablando? Todos tienen que tener acceso al papel al mismo costo". Aseguró que gracias a la iniciativa impulsada por el Gobierno, "va a haber papel para todos" y que "van a poder poner en él lo que quieran".

En tanto, la UCR presentó un proyecto por minoría que fue defendido en la sesión por el diputado Eugenio "Nito" Artaza, que señaló: "Vamos a estar en contra de cualquier monopolio pero también a favor de la libertad de prensa. Espero que con la premura que estamos tratando esta ley, el Gobierno sea prudente en cómo va a utilizar el instrumento".

Otro radical, el senador José Cano, introdujo otra cuestión vinculada a la libertad de prensa al preguntarse "cuáles son los parámetros del Gobierno para la distribución de la pauta oficial". "Sólo algunos medios reciben muchos millones, eso tiene que ver con la discrecionalidad en el manejo de los recursos del Estado para privilegiar a algunos y castigar a otros", dijo.

El proyecto se enmarca en la creciente ofensiva de la Casa Rosada contra los medios de comunicación que no responden a la línea oficial, la cual se ha agudizado en los últimos días con el intento de intervención judicial de Cablevisión (empresa del Grupo Clarín) y el pedido de la AFIP que derivó en la inhibición de los bienes de LA NACION. Además, sigue la presión del Gobierno para reactivar la causa sobre la supuesta adquisición ilegal de la empresa Papel Prensa.

La iniciativa mereció la queja de la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), entre otras, a las que se sumaron entidades de países de América latina defensoras de la libertad de prensa.