José Sbatella, el jefe de la UIF, se fue de boca y el gobierno debió salir a frenarlo.

Luego de afirmar que la flamante y polémica ley antiterrorista permitiría acusar de terrorismo a los medios ante, por ejemplo, un presunto golpe de mercado, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, debió salir a aclarar que eso es "un disparate" y que quien lo dice tiene "mala intención", para tratar de proteger al funcionario del papelón. Randazzo, quien aspiraba a ser jefe de Gabinete pero no lo logró, salió al cruce de lo que dijo otro funcionario del Gobierno, el titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y quien se había convertido en un de los principales defensores de la iniciativa con la que el oficialismo busca evitar sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La norma –que incluye algunos artículos al Código Penal- fue convertida en ley por el Senado el jueves a la madrugada. Pocas horas después, Sbatella insistió en que podría ser aplicada a quienes provoquen una corrida cambiaria u otra medida especulativa que "golpee a un gobierno". Pero incluyó también a los medios de comunicación que propaguen la información como plausibles de ser alcanzados por la legislación. Pero ahora Randazzo lo contradijo.

"Eso es un disparate, que tiene una mala intención de quien lo dice", dijo el ministro en declaraciones que formuló tras presentar el operativo de control vial para estas vacaciones.

La ley viene envuelta en la polémica aún más allá de la que se generó por los alcances que, según Sbtella, tendría la norma con respecto a los agentes económicos y los medios de comunicación: varios organismos de derechos humanos, incluidos algunos muy cercanos al kirchnerismo, sostienen que también podría terminar usándose contra las protestas sociales. Randazzo también desestimó esa posibilidad. Según el ministro, quienes sostienen eso muestran "una intencionalidad de distorsionar el sentido de la ley" ya que en el texto "está explicitado que (la figura de terrorismo) no comprende los derechos constitucionales, y mucho menos el de la protesta social". También insistió en vincular eso con que el kirchnerismo "no criminaliza la protesta social".

Así, salió al cruce, por ejemplo, de los reclamos que viene realizando el Centro de Estudios Económicos y Sociales (CELS) que preside Horacio Verbitsky y de las fuertes declaraciones contra el proyecto que formuló el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni a Radio Nacional Córdoba. Según reprodujo el sitio de la kirchnerista "Agencia Paco Urondo", el juez de la Corte tildó al proyecto como "un disparate" y una "extorsión" del GAFI, al tiempo que advirtió que "poner un tipo penal así depende de quién lo maneje y en algún momento lo puede manejar alguien contra la protesta social, contra sindicatos, etcétera". Parece que casi todo el mundo en la Argentina tiene mala intención, salvo que sea oficialista, claro.