En enero de 2011, los mercados financieros fijaron su mirada en la deuda de Italia, único país de la periferia de la zona euro cuyos compromisos no se habían visto afectados por la crisis iniciada en Grecia.

Los problemas se acrecentaron a mediados de año por la falta de consenso europeo sobre el segundo rescate a Grecia y las dudas sobre la capacidad de Portugal e Irlanda para salir de la crisis.

La crisis de deuda alcanzó a España e Italia, cuyas primas de riesgo sobre la deuda comenzaron una vertiginosa escalada por encima de los 400 puntos con respecto a la alemana. Esto obligó a los países de la zona euro a tomar medidas y al Banco Central Europeo (BCE) a intervenir para adquirir deuda de los Estados afectados, incluida Italia.

Eso comenzó a notarse el 24 de mayo cuando el Tribunal de Cuentas presentó el informe de 2011 en el que señaló que Italia deberá reducir su deuda pública a razón de unos 46.000 millones de euros por año (un 3 %) para cumplir el Pacto de Estabilidad europeo.

Ese mismo día la agencia de medición de riesgos Standard & Poor's rebajó a negativa la perspectiva de la calificación de cuatro bancos de la península.

El Gobierno anunció nuevas medidas, entre las que destaca la introducción del equilibrio presupuestario en la Constitución.

El gobierno siguió adelante y propuso un segundo plan de ajuste valorado en 54.000 millones de euros, que introdujo la suba del IVA del 20 al 21 % para recaudar 4.000 millones de euros al año. Tras pasar con muy poco margen un voto de censura del Parlamento, Berlusconi siguió adelante con su plan de ajuste que se fortaleció cuando a fines de octubre anunció un acuerdo alcanzado "in extremis" con la Liga Norte.

De todos modos, esto terminaría resultando insuficiente y “il Cavaliere” finalmente renunciaría.