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Moreno, ¿aliado de testaferro de Boudou?
Le restituyó a la ex Ciccone, en tiempo récord, la planta impresora que alquilaba una firma rival con la autorización de la Justicia
14 de febrero de 2012
Los amigos de los poderosos tienen ciertos privilegios. Eso parece traducirse tras las novedades que surjen de la empresa calcográfica "amiga" de Boudou, que fue beneficiada por más de una medida del Gobierno Nacional.

Es que la ex Ciccone Calcográfica no solo recibió la ayuda de la AFIP para fijar posición en el mercado, sino que también el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, favoreció al nuevo dueño de la empresa. En tiempo récord, le restituyó la planta impresora que alquilaba una firma rival con la autorización de la Justicia.

Además, le aplicó a Boldt una multa de $ 15.000 diarios, hasta superar $ 1,5 millones, en el expediente S01:0319607/2010, luego de que la empresa apeló en la Justicia su orden de "cesar sin efectos" el contrato de arrendamiento de la planta, según se revela de documentos oficiales, copias del expediente administrativo, del judicial y de testimonios de empresarios y funcionarios judiciales al tanto de cómo fue toda la trama a los que tuvo acceso un matutino porteño.

La Cámara en lo Penal Económico, que actúa como tribunal de apelaciones de las decisiones de Moreno, revocó esa multa días atrás, por unanimidad. Pero llegó demasiado tarde: Boldt se dio por vencida cuando la Presidenta anunció a Boudou como su compañero de fórmula. Y le devolvió la imprenta al nuevo rostro visible de Ciccone, Alejandro Vandenbroele, un amigo de Mar del Plata del entonces ministro de Economía.

Moreno basó su decisión en la ley de defensa de la competencia, que veda la concentración económica y que requiere la autorización previa del Tribunal de Defensa de la Competencia cuando una empresa quiere comprar a una firma rival y el volumen económico total supere los $ 200 millones.

De acuerdo con esa ley, las fusiones -en este caso, el arrendamiento de la planta de Ciccone por Boldt- se consideran autorizadas, sin embargo, si el tribunal no se opone dentro de los 45 días. Y en este caso, para evitar que eso ocurriera, la discusión se centró en la validez de las notificaciones de la operación.

Decretada la quiebra de Ciccone, a pedido de la AFIP, el 15 de julio de 2010, el juez en lo comercial Javier Cosentino convalidó el arrendamiento por Boldt -al que desde el Gobierno vinculan con el duhaldismo- de la planta impresora. Lo hizo el 25 de agosto y el contrato, por un año, comenzó a regir dos días después.

"Boldt se quedó con la planta después de superar la oferta de la Casa de Moneda", indicó a LA NACION una fuente con acceso al expediente de la quiebra. "Ofreció el doble de dinero, adelantar los 4 millones de pesos que ofertó en vez de pagar en cuotas y mantener a todos los empleados en lugar del 75%", detalló.

Ya con la planta bajo su control -pero sólo entonces, no antes, lo cual también fue eje de una controversia judicial-, Boldt notificó, el 3 de septiembre, a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), a través del "Formulario 1".

Sin embargo, ese mismo día comenzó a plasmarse un viraje general, desde que Vandenbroele, como rostro visible de la firma The Old Fund SA, depositó $ 567.000 en el expediente de la quiebra. Ocho días después, el 11, presentó una transferencia bancaria por otro $ 1,8 millones.

El 17, y mientras la AFIP negociaba un plan de pagos con Ciccone, la CNDC no tomó por válida la notificación de Boldt, con lo que trabó el conteo de los 45 días. Le requirió más papeles y exigió que se presentaran "todas las partes intervinientes", es decir, también la fallida Ciccone.

Una semana después, el 24 de septiembre de 2010, luego de que la AFIP convalidó el levantamiento de la quiebra, la Justicia aceptó ese pedido, aunque el fin del quebranto sólo tuvo efectos completos desde el 19 de octubre. Y apenas dos días después Vandenbroele explicitó su desembarco como presidente de la empresa, mientras que los Ciccone cedían sillas en el directorio.

El 1° de noviembre, mientras Vandenbroele y su amigo José María Núñez Carmona prometían nuevos contratos con el Gobierno, un abogado de la "nueva" Ciccone se presentó ante la CNDC. Insistió con más escritos el 11, el 16 y el 18. Siempre para pedirle al área de Moreno "medidas urgentes" que terminaran con el arrendamiento de Boldt.

El 13 de diciembre, y basado en que nunca llegaron a transcurrir los 45 días desde la notificación del arrendamiento -porque nunca se notificó de manera correcta-, la CNDC emitió su dictamen. Determinó que correspondía "disponer el cese inmediato de los efectos de la operación de concentración económica".

Tres días después, el 16, Moreno emitió la resolución 538/2010. Allí consignó que el alquiler continuaba vigente "aun en contra de la voluntad de una de las partes", es decir, de la nueva Ciccone, ya que había sido autorizado por el juez Cosentino. Pero como la CNDC no había dado su venia, Boldt había comenzado a ejecutar el contrato sin notificarle antes, ni habían transcurrido 45 días, el arrendamiento no podía producir "efectos entre las partes ni frente a terceros". Y por tanto podía dejarse sin efecto. Así lo firmó.

Boldt recurrió entonces a la Cámara en lo Penal Económico. Para revertir la resolución de Moreno o dilatar su cumplimiento hasta que se cumpliera el año de arrendamiento. Pero la Justicia rechazó sus pedidos. Y Moreno ordenó entonces aplicarle una multa de $ 15.000 por día a Boldt hasta que entregara la planta. Para cuando la Justicia revocó las multas, días atrás, Boldt ya había cedido.