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19 de abril de 2024
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Gobierno minimiza idea de supuestos "espionajes"
La ministra Garré defiende la posición de DD.HH. del gobierno y rechaza la idea de un "espionaje". No habla oficialmente, solo lo hace por las redes sociales
17 de febrero de 2012
El gobierno nacional se puso en campaña para minimizar la existencia de un programa de espía a referentes sociales y que se denomina "Proyecto X" aunque decidieron hacerlo por las redes sociales y no de forma oficial.

Tras la denuncia que involucra la acción de la Gendarmería en este trabajo de seguimiento que se haría por "orden judicial", la ministra de Seguridad, acalló su voz oficial, canceló una conferencia de prensa para el jueves y se dedicó a responder y reflexionar por su cuenta de Twitter y Facebook.

Sin mencionar al Proyecto X, Garré dijo: "Es paradójico que quienes no tienen coherencia en la defensa de los DD.HH. nos acusen de perseguir a manifestantes y luchadores sociales...".

Y en esa línea, agregó: "Sostenemos una clara posición respecto a la no criminalización de la protesta social y límites a la acción policial".

Por su parte con más espacio para escribir en su cuenta de Facebook , la ministra también se refirió al tema. "Néstor Kirchner primero y Cristina después han sostenido una clara y permanente posición respecto a la no criminalización de la protesta social y a los límites a la acción policial en esas situaciones. Por eso resulta paradójico hoy que sectores que no pueden acreditar esa coherencia nos acusen de vulnerar derechos y perseguir manifestantes y luchadores sociales".

Tras la revelación del Proyecto X-- que se hizo por filtraciones desde la Gendarmería y acusaciones de los referentes sociales supuestamente "vigilados", los partidos de la oposición y las organizaciones sociales acusaron al Gobierno de "criminalizar la protesta social" y de "hacer espionaje".

"Los medios lo quieren instalar como espionaje político, pero no es así. El Proyecto X es una herramienta criminalística de procesamiento de datos que son recabados por las vías legítimas previstas en las leyes de seguridad interior y de inteligencia y bajo supervisión judicial", fue la única versión oficial que se escuchó desde voceros cercanos a la ministra.