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19 de marzo de 2024
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Para defender a Garré, los K atacan a Aníbal
En su habitual columna progubernamental, Verbistky le recordó al ex jefe de Gabinete que el Protocolo X lo puso en marcha él. Y lanza advertencias
19 de febrero de 2012
Por José Calero

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, le envió un misil político al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, ahora senador.

Le recordó, a través de su principal defensor en los medios, el ministro sin cartera Horacio Verbistky, que el plan de seguimiento a militantes y dirigenes políticos y sociales que funciona en la órbita de Gendarmería como Protocolo X, se puso en funcionamiento durante su gestión como ministro del Interior en el 2005.

Verbistky, con obvia letra de Garré, cuenta que la ex diputada revisó el cumplimiento del protocolo de actuación de fuerzas de seguridad y policiales en manifestaciones públicas y estableció “Criterios Mínimos de Actuación”.

Para defender a Garré, Verbistky acota que a ese ahora cuestionado Protocolo adhirieron ya 19 de las 24 jurisdicciones del país (faltan la Ciudad Autónoma, Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Corrientes).

Incluso, Vertbisky explica que el Protocolo X procura "resolver los conflictos sin daños para la integridad física de las personas ya estén involucradas o no en la manifestación".

Sostiene, además, que debe respetar en cada etapa del operativo la Ley de Inteligencia Nacional.

Verbistky, a esta altura casi el verdadero ministro de Seguridad de la Argentina, explica que esa cartera está impulsando estos lineamientos en todo el país, con cursos de capacitación para los cuerpos provinciales.

Y admite que "parece evidente la contradicción entre esta línea central de trabajo y los procedimientos con anuencia judicial que ha estado realizando la Gendarmería".

En su afán ultrakirchnerista, el editorialista de Página/12 -medio que cuestiona a empresarios que viven del Estado pero ya nada dice de los periodistas que también lo hacen- advierte que "es tan desatinado pretender que el espionaje se produjo por orden de Garré o de la presidente CFK, como disimular su gravedad".

"Los pasos fundamentales dados desde 2003 para controlar el uso de la fuerza y la actuación policial en manifestaciones públicas deberían complementarse con una política explícita de no criminalización por vía judicial de los activistas sociales y la misma voluntad política que el gobierno ha mostrado para fijar pautas a las provincias petroleras y mineras, puede aplicarse para impedir que las fuerzas provinciales continúen respondiendo con violencia a reclamos por la tierra, la vivienda, los derechos de comunidades nativas o las protestas ambientales. La auditoría del Proyecto X puede ser un nuevo punto de partida", señala Verbistky, en lo que parece casi la propuesta de un nuevo Programa de Seguridad.