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25 de abril de 2024
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Cristina al final no abrió la boca sobre Repsol YPF
La Presidenta evitó hablar del tema, a pesar de que trascendió un proyecto que declara de “utilidad pública” el 50,01% de acciones clase D de la petrolera. Se reunió con gobernadores
12 de abril de 2012
La presidenta Cristina Fernández finalmente no habló sobre la casi probable decisión de expropiar el 50,01 por ciento de la petrolera YPF, tras declarar "de utilidad pública y sujeto a expropiación" a esa participación de las acciones clase D de la compañía.

A pesar de la expectativa generada, la jefa de Estado sólo se reunió con los gobernadores provincias productoras de hidrocarburos pero no dio pistas sobre lo que piensa hacer su gobierno con la petroleras, a la que vienen debilitando quitándole áreas de explotación.

Un proyecto que circuló en el Congreso luego de que el titular de Repsol, Antonio Brufau, fue recibido por el ministro de Planificación, Julio de Vido, pareció perder fuerza durante la noche.

De acuerdo con lo que hicieron trascender voceros kirchneristas, las acciones a expropiar iban a ser 100 millones del Grupo Petersen –todas las que tienen los Eskenazi- y 96.558.000 títulos de los que tiene Repsol.

YPF posee 393 millones de acciones clase D, que pertenecen en un 57,43 por ciento a Repsol y en un 25,46 por ciento al Grupo Petersen, mientras que un 17,09 por ciento está ubicado en la bolsa y un 0,02 en poder del Estado argentino.

Según los trascendidos, la iniciativa dispone que, si es necesario expropiar más acciones para que el Estado argentino llegue al 50,01 por ciento, esos títulos se expropiarán.

El proyecto indicaba que el precio a pagar iba a ser calculado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación con la colaboración de la Secretaría de Energía.

También apunta que “el Poder Ejecutivo procurará acordar con los titulares de las acciones sujetas a expropiación el valor y la forma” de pago y que, eventualmente, esos acuerdos deberán ser refrendados por el Congreso de la Nación. Además establece que si no se alcanza acuerdo por la totalidad de las acciones a expropiar, “la Procuración (general de la Nación) promoverá el juicio de expropiación respectivo”.

La expropiación estará regida por la Ley 21.499 de Expropiaciones y el Poder Ejecutivo “actuará como expropiante, quedando facultado para transferir la titularidad de las acciones una vez expropiadas a cualquier organismo o empresa pública del Estado nacional”.

La iniciativa prevé la remoción total de la conduccion de YPF y establece que la provincias petroleras (OFEPHI) tendrán lugar en la nueva composición accionaria en la que también podría haber empresas privadas, en caso de que inviertan por requerimiento de la nueva dirección estatal.

Pero Crisitina podría esperar algunos días más para tomar una decisión.