Raúl Moneta, el ex banquero que supo ser ferviente menemista en los 90 y se reconvirtió al cristinismo, desde donde milita a través de sus medios como la revista El Cuardián, recibió un revés en la Justicia en el marco de la causa en la que se lo acusa de intentar extorsionar a accionistas de Cablevisión, informó Clarín.

El fallo es del Juzgado en lo Criminal y Correcional 2, que decretó la inhibición general de bienes al ex banquero y actual empresario de medios.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi, ya había dictado en julio del 2011 el procesamiento de Moneta, y embargado sus bienes por 25 millones de pesos.

Si bien Moneta presentó una caución por esa suma, el juez no logró establecer la solvencia de la aseguradora para poder cubrirla, por lo cual decretó ahora la inhibición general de bienes de la que pidió se informe al Banco Central, la Bolsa de Comercio, los registros de la propiedad inmueble, automotor, buques y aeronaves y el Ministerio de Agricultura de la Nación. La investigación comenzó en febrero de 2005 cuando los abogados de Cablevisión lo denunciaron por obstaculizar la reestructuración de la deuda de la empresa y apoderarse de parte del paquete accionario.

Moneta constituyó el grupo de medios CEI durante el menemismo.

Pero con la presidenta Cristina Fernández le fue también muy bien: es propietario de las radios Rock&Pop, Metro, Blue, Belgrano, Libertad y FM San Isidro, y las revistas El Guardián y El Federal, todas pro Casa Rosada.

Según Clarín, también se lo investiga como presunto aportante para que The Old Fund se quede con la ex Ciccone Calcográfica, un caso que complica al vicepresidente Amado Boudou y tiene a mal traer al Gobierno nacional, a tal punto que Cristina debió ordenar la intervención de la compañía para tratar de evitar que el escándalo erosione su gobierno.

Según la investigación de Martínez de Giorgi, Moneta presionó en su momento sobre sus ex socios del grupo inversor estadounidenses Hicks, Muse, Tate & Furst, y después sobre el grupo Liberty, que detentaban porcentajes accionarios de Cablevisión.

Su objetivo era que lo compensaran con 40 millones de dólares por el tiempo en que se mantuvo distanciado de los negocios porque estaba prófugo de la Justicia.