Al gobierno de Cristina Fernández parece interesarle poco y nada que el cepo cambiario provocó la bancarrota de miles de familias endeudadas en dólares, que destruyó el mercado inmobiliario y está generando despidos masivos en casas de cambios e inmobiliarias.

La Casa Rosada hizo difundir una encuesta según la cual la prohibición de comprar dólares “afecta poco o nada” a los argentinos.

Si bien la encuesta la hizo la consultora Equis -cuya reputación va en caída libre a medida que su titular, Artemio López- se acerca cada vez más al gobierno, no deja de reflejar que el 22 por ciento de la población consultada fue perjudicado por las restricciones a las compras de dólares.

Miles de personas que tenían contratos privados y estaban endeudadas en dólares corren riesgo de perder los ahorros que en muchos casos son los de toda su vida, pero nada de eso le importó a un gobierno desesperado por conseguir los dólares que necesita para importar la energía, y que intenta pesificar de prepo la economía.

La misma encuesta también evidencia que el 82,5 por ciento consideró que el 15 por ciento de recargo en las compras con tarjetas de crédito en el exterior “afecta poco o nada”, mientras que el 11,4 por ciento opinó que se ve perjudicado “mucho o bastante”. La lógica del gobierno al difundir esta encuesta parece encarminarse a admitir que los sectores altos y medios altos le importan poco y nada, porque al fin y al cabo nunca los votan, y que se siente cómodo conformando una superpoblación de pobres a los que se intenta mantener como electorado cautivo a través de planes sociales.

Lo que la ciencia política bautizó como populismo se está aplicando a rajatabla en la Argentina, donde habría más de tres millones de empleados públicos, y donde provincias como Santa Cruz, que los Kirchner gobernaron durante décadas, tienen 70 mil empleados públicos sobre 195 mil habitantes.