Para Cristina Fernández, el problema de la deuda era un tema terminado. Pero el embargo de la Fragata Libertad en Ghana, y sobre todo el fallo contundente de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, trajo a la presidenta de nuevo a la realidad, y por eso el gobierno analiza ahora los pasos a seguir, que podrían incluir hasta una posible reapertura del canje de deuda. La Cámara de Apelaciones de Nueva York le ordenó a la Argentina tratar a quienes no aceptaron el canje de deuda del mismo modo que al resto de los acreedores, pero pidió que sea el propio país el que resuelva cómo hacerlo.

Según informó el diario El Cronista Comercial, en el Gobierno admiten que el contexto cambió y que el fallo de la Cámara de Apelaciones fue inesperado.

Es que al avalar la teoría del ‘pari passu‘ adoptada por el juez de primera instancia, Thomas Griesa (foto), la Cámara obliga ahora a la Argentina a realizarle alguna oferta a los fondos buitres y demás acreedores que no aceptaron el canje (holdouts).

Una de las alternativas que se barajan es seguir con la ‘línea dura‘ que mostró hasta ahora la administración kirchnerista. Esto es, apelar la decisión de la Cámara, buscar dilatar la sentencia hasta por lo menos los primeros días de diciembre (cuando se producen dos vencimientos de bonos bajo legislación extranjera) e intentar blindar esos pagos ante posibles intentos de embargos.

El Gobierno, según adelantó el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, hasta estaría dispuesto a apelar ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, a riesgo de soportar un rechazo del máximo tribunal norteamericano para expedirse en ese litigio.

Es que el fallo de la Cámara -sostienen especialistas- será difícil de revertir, ya que sólo lo podría hacer la Corte (que no acepta tratar todos los casos) por lo que en algún momento la Argentina debería ofrecerle algún arreglo a los holdouts.

El problema es cómo hacerlo sin quedar ante la opinión pública como cediendo frente a los fondos buitres.

Por eso, se evalúa una reapertura de los canjes de deuda realizados en 2005 y 2010 con el objetivo de desarticular la teoría del ‘pari passu‘ y mostrar un trato igualitario a todos los acreedores.

En ese caso, el Congreso debería derogar la denominada ‘Ley Cerrojo‘ que impide la reapertura de canjes, es decir, borrar con el codo lo que escribió con la mano.