El periodismo en la Argentina, pero sobre todo la libertad de expresión, atraviesa su momento más crítico desde la recuperación de la democracia en 1983.

La estrategia oficial de buscar asfixiar a los medios de comunicación críticos sacándoles la pauta oficial aunque posean audiencias masivas, viene siendo cuestionada por distintas entidades.

El Comité Mundial para Proteger el Periodismo hizo un crítico informe sobre la situación de la libertad de prensa y el accionar del periodismo en la Argentina.

Cuestionó, entre otras, "la desequilibrada repartición de la pauta oficial" por parte del Gobierno y la generación de un "clima de polarización" que provoca que los ciudadanos queden privados de "fuentes informativas objetivas".

"Pese a un fallo de la Corte Suprema que ordenó un equilibrio razonable en la distribución de la publicidad oficial, el Gobierno continuó negándoles anuncios oficiales a los medios críticos de su gestión, mientras no escatimaba avisos en los medios que le brindaban una cobertura informativa favorable", dice el informe.

"Ataques a la prensa, periodismo bajo fuego en 2012 ", es el informe del CPJ que analiza la situación del periodismo en todos los países del continente americano. En la argentina, hacen mención a que "tanto la Corte Suprema como un Tribunal de Apelaciones Federal le aplicaron una multa al Ejecutivo por incumplir el fallo, pero éste no mostró ninguna señal de que lo acataría".

"El gobierno continuó con la práctica de atacar e insultar a periodistas y ejecutivos vinculados a las dos principales empresas de medios del país, que son Clarín y La Nación, a veces mediante campañas de descrédito en programas de la televisión pública, y a su vez, esos grupos de medios criticaron al Gobierno".

"Como resultado, se creó un clima de gran polarización, donde los medios dedican considerables espacios a descalificarse el uno al otro, y los ciudadanos quedan privados de fuentes informativas objetivas sobre asuntos vitales de interés público", concluye el informe.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) documentó otras decenas de violaciones de la libertad de prensa en 21 provincias entre enero y agosto de 2012.

Las violaciones consistieron en amenazas, agresiones, ataques contra instalaciones de medios, confiscación de equipos y obstrucción del trabajo periodístico.