Para la Argentina está en juego buena parte de su devenir económico. Para los demandantes, miles de millones de dólares. En el medio queda el crédito de renombrados abogados contratados por las partes , con honorarios también millonarios.

El litigio de fondo con los llamados "fondos buitre" que demandaron a la Argentina por falta de pago de sus bonos de deuda podría entrar hoy en su recta final si, en la deliberación que mantendrá a puertas cerradas, la Corte Suprema de este país decide qué criterio tomar.

Pero, así como no hay certeza del resultado, no la hay tampoco sobre que efectivamente se alcance y se conozca hoy. "No queda más remedio que esperar y estar atentos", sintetizó anoche el blog de la Corte Suprema, uno de los sitios especializados en la actividad del máximo tribunal.

"Es tal vez uno de los casos más extraños que ha llegado a la Corte. Por un lado, un país que la acusa de querer arruinar su economía; por el otro, demandantes que dicen que ese país es un tramposo que no acata regla alguna", añadió.

Todo, alrededor del significado de "dos palabras en latín", en referencia a la expresión pari passu (referida al tratamiento igualitario de acreedores), que es la fórmula en cuyo alcance e interpretación se centra ahora la disputa.

Los nueve magistrados se reúnen a partir de las 9 (las 10 de la mañana en la Argentina).

Será una jornada dedicada a decidir en qué expedientes concentrarán su atención en los próximos meses y cuáles dejan de lado.

Tendrán sobre la mesa cientos de solicitudes. Una de ellas -la que lleva el número 13.990- es la de la Argentina. En ella, lo que se les requiere a los magistrados es nada más que una respuesta a dos preguntas.

La primera, si un país entra en incumplimiento de la cláusula de pari passu (tratamiento igualitario de acreedores) si hace pagos periódicos de intereses a quienes reestructuraron bonos de deuda sin pagarles también a quienes rechazaron el canje (holdouts).

Eso es lo que ha venido haciendo la Argentina desde 2005. El Gobierno dice que tiene derecho a hacerlo. Los fondos que la demandaron -NML y Aurelius Management- argumentan lo contrario.

La segunda es si una corte de distrito -léase, el juzgado de Thomas Griesa- puede ordenar que se disponga de bienes de ese país para ordenar el pago sin importar si están amparados por el Acta de Inmunidad Soberana (FISA, por sus siglas en inglés). Léase, el dinero que la Argentina gira periódicamente a Nueva York para pagar a los bonistas que sí reestructuraron sus papeles de deuda. Si ese dinero se incauta para pagarles a los "buitres", el país -dice el Gobierno- entra en default.

Se conjetura que la Corte podría adoptar hoy uno de cinco criterios. Aceptar el expediente, rechazarlo o pedir opinión al gobierno de los Estados Unidos.

También puede enviarlo de nuevo a la justicia neoyorquina para pedirle su propia interpretación de la fórmula de pari passu (algo que el estratego Paul Clement incorporó en febrero pasado). La quinta vía es que sencillamente "decida no decidir hoy" y reprograme (relist, dicen los abogados) la decisión.

Cada uno de ellos abre a su vez una serie de escenarios alternativos. Algunas más, algunas menos de las cinco salidas posibles a la Argentina le sirven todas, menos una: la del rechazo.