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Argentina pagó deuda y Griesa citó a las partes
A riesgo de sufrir un embargo, el gobierno depositó más de 1.000 millones de dólares. Los fondos buitres quieren convencer al juez de dictar el embargo de los fondos
26 de junio de 2014
El gobierno depositó hoy 1.000 millones de dólares para evitar un default y ratificar la voluntad de pago a los bonistas, mientras que el juez de Nueva York Thomas Griesa rechazó la cautelar solicitada por la Argentina y citó para mañana a representantes del país y de los fondos buitre.

La audiencia fue solicitada en carácter de urgencia por el fondo NML Capital, uno de los litigantes en contra del país, con el fin de convencer al magistrado de embargar los fondos que el país depositó para pagar deuda.

A pesar de que este viernes es feriado en los Estados Unidos, Griesa citó para las 11:30 hora argentina (10:30 de Nueva York) a las partes, en una carrera contra reloj, ya que el lunes se cumplirá el vencimiento de deuda reestructurada por la Argentina.

El magistrado tomó esa decisión tras rechazar la continuidad de la medida cautelar pedida por la Argentina para evitar embargos y conocer la noticia del depósito efectuado para el pago a los bonistas que entraron al canje.

En el marco de una estrategia destinada a garantizar la voluntad de pago, la Argentina depositó un vencimiento de deuda por más de 1.000 millones de dólares.

Así, busca evitar que la acuse de caer en default y esgrimir, en caso de un embargo, que la responsabilidad por el incumplimiento es de la Justicia de los Estados Unidos.

Casi en simultáneo, Griesa rechazó el pedido del gobierno argentino para dejar en suspenso una sentencia que obliga al país a pagar bonos en default desde el 2001 en manos de fondos especulativos.

"El pedido de stay (medida cautelar para dejar en suspenso la sentencia) es denegado", escribió Griesa en un documento enviado a las partes.

En este escenario, se espera también que el mediador designado por el magistrado, Daniel Pollack, busque avanzar en un acuerdo de partes.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que el Gobierno concretó depósitos por unos 832 millones de dólares destinados a que los acreedores que aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010 cobren los servicios de capital e intereses de los bonos emitidos bajo legislación extranjera.

De ese monto, unos 539 millones fueron depositados en en las cuentas 15.098 y 15.002 del Banco New York Mellon en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), precisa el comunicado leído por Kicillof.

El total de 1.000 millones incluye el pago de vencimientos del mismo bono pero emitido en pesos bajo legislación nacional, detalló el ministro, quien aseguró: "Acatar una sentencia no puede eximir el cumplimiento de las obligaciones. La Argentina cumplirá sus obligaciones y honrará sus deudas", aunque la decisión del juez neoyorquino desató mayor incertidumbre en los mercados y avivó temores de default.

Tras realizar el depósito, los abogados de la Argentina en Nueva York volvieron a pedirle al juez Griesa suspender transitoriamente el fallo que obliga al país a pagarles a los fondos buitre que ganaron un juicio por 1.330 millones de dólares.

Kicillof reiteró que el fallo de Griesa "vulnera el principio de inmunidad soberana" vigente incluso en los Estados Unidos como norma de jerarquía institucional superior e interpreta además en forma "antojadiza y absurda" el principio de "pari passu".

Como este viernes es feriado en Estados Unidos para la administración pública (por el Día del Trabajador Estatal) y el pago debe realizarse el último día hábil antes del vencimiento que es el 30 de junio, el Gobierno decidió depositar el dinero.

"No pagar teniendo los recursos y forzando un default voluntario es algo que no está contemplado en la ley argentina.

Sería contrario al orden público y una clara violación a los prospectos de deuda", dijo Kicillof en el Palacio de Hacienda.

El Gobierno dijo que abonó el vencimiento de títulos restructurados para evitar que se asome la posibilidad de un default, aunque ahora los fondos que depositó quedaron expuestos a un embargo ante un eventual pedido de los "fondos buitre".

Ante la posibilidad de un embargo, el ministro advirtió que si alguien dispusiera de los fondos depositados en la cuenta del fiduciario afectaría los derechos de sus verdaderos dueños, que "no son otros que los tenedores" que ingresaron al canje.

Eso, según Kicillof, "constituiría una grave alteración a las condiciones fijadas en el prospecto, implicando desde una apropiación indebida de fondos de terceros, desbaratamiento de derechos acordados, incumplimiento de su responsabilidad contractual y otras tipologías que podrían configurarse".

Las cláusulas del acuerdo de reestructuración daban 30 días de gracia a la Argentina para realizar el depósito, pero la administración de Cristina Kirchner cumplió en tiempo y forma para mostrar voluntad de pago y restar incertidumbre a la difícil situación financiera del país.

"Este pago se realizó en virtud de la decisión soberana de la Argentina, que ratifica su firme e irrestricta voluntad de cumplimiento, para honrar sus deudas y para descartar cualquier interpretación capciosa que implique introducir el eufemismo de ´default técnico´, con el cual se pretende asociar el impedimento antojadizo de un pago por orden judicial sin considerar la voluntad del deudor de cumplir con sus obligaciones", dijo.

Kicillof leyó un comunicado con riguroso vocabulario técnico y jurídico para explicar la decisión de pagar los servicios del bonos Discount, acompañado por el secretario Legal y Técnica, Carlos Zannini, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

"No cabe la menor duda de la parcialidad del juez en favor de los fondos buitres ni de su verdadera intención: la de pretender llevar a la Argentina al default para derribar la reestructuración 2005-2010 que alcanzó luego de largas negociaciones un consenso del 92,4 por ciento", sostuvo el ministro.

Y se volvió a quejar de que los holdouts "jamás quisieron participar" de las negociaciones de reestructuración, actitud que se confirmó inclusive en la última semana ante la cerrada negativa a la solicitud de "stay" para lograr un diálogo en condiciones justas, equitativas y legales del 100 por ciento de los acreedores.

Los acreedores que reestructuraron casi un 93 por ciento de la deuda tras el gigantesco incumplimiento argentino de 100.000 millones de dólares en el 2001-2002 acordaron cobrar solo cerca de un 50 por ciento del pasivo en cuotas hasta el 2038.