En uno de sus últimos intentos por tener que da un paso al costado, el vicepresidente Amado Boudou, sostenido en el cargo por la presidenta Cristina Fernández aún pagando un alto costo político, apelará esta semana el procesamiento por corrupción en la causa Ciccone.

Se espera que Boudou apele hacia fines de la semana próxima su procesamiento y busque desacreditar al juez federal Ariel Lijo, a quien pareció no tembrarle el pulso para escribir 333 carillas que dejan muy mal parado al segundo en la línea de mando.

El abogado del vicepresidente, Diego Pirota, buscó dañar la imagen del magistrado al sostener que el procesamiento estaba redactado desde hace "mucho tiempo".

Con Boudou en Cuba, en total silencio, su abogado debió salir a dar explicaciones.

Dijo que el fallo no lo sorprendió, y dijo que este procesamiento no lo tomó Lijo ni en dos días ni en tres, sino que está escrito hace "mucho tiempo".

Pirota admitió que ante la novedad del procesamiento, ahora podría quedar sin efecto el pedido de ampliación de indagatoria que había solicitado Boudou.

Lijo sospecha que Boudou habría aceptado como soborno el 70 por ciento de las acciones de la imprenta Ciccone para hacer negocios en beneficio propio, y dio por probado que se interesó en los trámites para levantar su quiebra: por eso lo procesó por cohecho pasivo (que implica recibir coimas) y negociaciones incompatibles con su función, delitos que se castigan con una pena de seis años de cárcel.

Se espera que en los próximos días el kirchnerismo inicie una ofensiva total contra el juez para tratar de desacreditarlo y ensayar un juicio político, como ya lo ha hecho con otros magistrados que se animaron a meterse en cuestiones sensibles para el gobierno, la mayoría vinculadas con manejos poco claros de fondos y declaraciones juradas sospechadas de irregularidades que reflejan importantes enriquecimientos en pocos años.