La región metropolitana de Buenos Aires tiene uno de los más altos índices de delitos en América latina, según un sondeo realizado por la Corporación Andina de Fomento (CAF)-Banco de Desarrollo en 17 ciudades.

Del análisis de las encuestas de victimización de 2012, último registro unificado entre todas esas ciudades, surgió que el 38,4% de hogares bonaerenses había padecido al menos un evento de inseguridad en los 12 meses anteriores.

Esa cifra sólo fue superada por Quito, Ecuador, con el 40,8 por ciento. Pero hay una diferencia sustancial: mientras que en el caso de Quito el porcentaje de ciudadanos encuestados que reconoció haber sido víctima de un delito bajó 13,3 puntos porcentuales en relación con el 54,1% que había medido en 2011, en el área metropolitana bonaerense (conurbano y Capital) se experimentó un fuerte crecimiento: se pasó del 23,5% en 2011 al 38,4% al año siguiente.

Ese sondeo de victimización permitió advertir la elevada incidencia de la "cifra negra", los delitos que no se denuncian. Del análisis de los resultados de todo el territorio argentino surgió que el 36,9% de hogares habían sido afectados por la inseguridad; en el mismo período, los robos y hurtos registrados oficialmente sólo alcanzaron al 7% de los hogares.

La falta de interés ciudadano en realizar una denuncia está arraigada en toda América latina, según la comparación realizada en el Reporte de Economía y Desarrollo 2014, que fue presentado la semana pasada en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), con la presencia de los ministros de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y de Santa Fe, Raúl Lamberto, además de la ex ministra de Seguridad de Córdoba Alejandra Monteoliva y representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El informe, un documento de 263 páginas, define que en general toda América latina atraviesa una situación grave en cuanto a la seguridad ciudadana. El trabajo fue presentado por el rector de la Universidad Di Tella, Ernesto Schargrodsky, quien resaltó el valor de la propuesta al considerar que "el debate público sobre políticas de seguridad está caracterizado por la falta de sustento tanto de estadísticas confiables como de estudios científicos".

Para el director de CAF Argentina, Rubén Ramírez, la violencia callejera se refleja finalmente en las variables económicas: "Cuando las personas tienen miedo de salir de sus casas no pueden desarrollarse. La inseguridad y la delincuencia generan grandes costos económicos y sociales.

En el informe se destaca la necesidad de contar con una asignación adecuada de recursos policiales, ya que "la evidencia que surge de diversos contextos muestra que un aumento en la presencia policial está asociado a una reducción de la incidencia criminal".

Por su parte, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, reconoció que "la política" tuvo que ver con el crecimiento de los niveles de violencia callejera por haberse alejado durante años de las políticas de seguridad pública.

"Hay que tener en claro que el diagnóstico es malo. ¿Cómo llegamos a este problema? El primer déficit de la política es no haber preparado especialistas para encontrar respuestas a lo que es el primer problema de la gente. Ésa fue una irresponsabilidad de los políticos", afirmó..