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Avance K: modifican la ley de Medios
El proyecto le permitirá a Telefónica quedarse con Telefé y brindar TV por cable. Las operadoras estarán obligadas a compartir sus redes. Polémica con el Grupo Clarín
29 de octubre de 2014
El proyecto oficialista para regular redes de Internet y Telecomunicaciones modifica la Ley de Medios en un punto fundamental, al permitir que Telefónica siga operando Telefé y abrir la posibilidad de que compañías de telefonía brinden servicios de televisión cable y videos on demand, algo para lo que hasta ahora están inhabilitadas.

El artículo 9 de la iniciativa establece que “los licenciatarios de servicios de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación, que son las reguladas por el proyecto y que incluyen Internet, cable y telefonía) podrán brindar servicios de comunicación audiovisual, debiendo tramitar la licencia correspondiente ante la autoridad competente”.

Ese párrafo, con el complemento de la excepción al artículo 25 de la Ley 36.522 (la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o Ley de Medios) para los “licenciatarios de servicios públicos relacionados con el ámbito de aplicación” de la ley Argentina Digital –las telefónicas y, con la ley, los operadores de cable- es el que habilita a las empresas de telefonía a brindar servicios de televisión.

Hace pocos meses, la Corte había ratificado un fallo que impedía a las telefónicas a dar servicios de video “on demand”.

El mismo artículo establece que “los licenciatarios de Servicios de Comunicación Audiovisual podrán brindar servicios de TIC”. Lo que, a su vez, habilita a las compañías de cable a meterse en el negocio de las telecomunicaciones, algo que también tenían vedado.

El proyecto también habilita –en su artículo 10- el triple play, es decir, que una misma empresa le de a un usuario los servicios de Internet, telefonía y televisión. Pero obliga a que se trate de “unidades de negocio separadas” que tengan además separada la contabilidad y que facturen de manera independiente los servicios.

Además, prohíbe las “prácticas anticompetitivas tales como las ventas atadas y los subsidios cruzados con fondo provenientes de las distintas unidades de negocio”.

Así, el usuario podrá tener a la misma empresa como proveedora de los distintos servicios, pero sin precios promocionales y con facturas diferentes.