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Once: piden penas para Jaime, Schiavi y Cirigliano
Lo hizo la querella en representación de los padres de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas del choque del tren que le costó la vida a 51 personas y dejó con heridas a otras 789
8 de septiembre de 2015
En el juicio por la tragedia ferroviaria de Once, que le costó la vida a 51 personas y dejó heridas a otras 789, ya se habían solicitado 22 años de prisión para el maquinista Marcos Córdoba, pero ahora la querella en representación de Lucas Menghini Rey, el joven cuyo cuerpo fue hallado dos días después del desastre aprisionado entre dos vagones, reclamó 15 años de prisión para los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, y 18 para el dueño de TBA Claudio Cirigliano, por "estrago doloso y administración fraulenta".

El juicio oral se reanudó con una dura acusación de la querella 3, que representa a los padres de Menghini Rey y a los familiares de las víctimas que encabezaron distintas marchas en reclamo de Justicia.

Esa querella denunció que los acusados en el juicio "arreglaban" con los testigos sus declaraciones "en el baño de caballeros" de los tribunales de Comodoro Py. Los imputados "se mostraron arrogantes, impunes, pretendiéndonos hacernos creer y sentir en lo que respecta a esta querella que no les importa las consecuencias de este juicio porque gozan de protección asegurada", dijo la abogada Leila Leiva, quien enunció la acusación y afirmó que aquellas supuestas transacciones previas fueron escuchadas "por el hermano de una de las víctimas fatales".

Leiva y Leonardo Menghini, tío de Lucas, representan a los familiares que desde el 22 de febrero de 2012, día en que ocurrió la colisión del tren chapa 16 contra el andén 2, encabezaron el reclamo de una condena justa.

Los alegatos enunciados por los abogados fueron muy distintos a los que se escucharon cuando dos de los grupos de querellantes pidieron que el maquinista Marcos Antonio Córdoba sea condenado a 22 años de prisión por haber provocado la tragedia, la tercera en magnitud en la historia ferroviaria del país. La diferencia central de la argumentación estuvo en responsabilizar no sólo a Córdoba sino también a los ex funcionarios públicos y los ex concesionarios del tren Sarmiento.

Luego de que trascendiese la postura de dos de los cuatro querellantes, Menghini había calificado la decisión de acusar sólo al maquinista como "totalmente equivocada".

Esa afirmación la consolidó hoy frente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital, al sostener que de parte de TBA y de la secretaria nacional de Transporte hubo "actos de actuación infiel para el enriquecimiento personal del grupo empresario" y un "desmanejo económico gigantesco", que derivó en el choque.

El tío de Lucas se emocionó hasta las lágrimas cuando recordó que aquella mañana trágica estuvo en el andén de la estación: "Los vi correr sin saber qué hacer, los vi chocarse buscando máquinas y nadie de TBA iba a decir con qué herramientas cortar para no lastimar a los que estaban apretados, a TBA nunca se le ocurrió que eso podía pasar y que cuando eso pasara tenía que estar listo para asistir a policías y bomberos", dijo, al tiempo que denunció un profundo "desprecio por la vida y el destino de 51 personas".

Entre los juzgados están los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; los ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Antonio Sícaro y Pedro Ochoa Romero; los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, dueños de la empresa TBA, concesionaria del Sarmiento en el momento del siniestro; además del conductor de la formación, entre otros. La semana que viene llegará el turno de los alegatos de la fiscalía, a cargo de Fernando Arrigo. Luego será el momento de las exposiciones de las defensas. Por eso se espera que el veredicto se conozca recién para fines de octubre o principios de noviembre, y los fundamentos del fallo hacia fin de año.

De esta manera, y aunque lo más probable es que la sentencia sea apelada por alguna de las partes, la resolución en primera instancia sería en un plazo casi récord en términos de justicia argentina, dado que se conocería a menos de cuatro años de ocurrida la tragedia.