Al fundamental la detención del empresario kirchnerista Lázaro Báez, el juez federal Sebastián Casanello los acusó de ingresar 5,1 millones de dólares a la sociedad SGI Argentina SA" a través de su hijo "disimulando" la "fuente real de los fondos para obtener su apariencia de licitud".

El magistrado dijo que a raíz de movimientos que consideró sospechosos de una aeronave privada propiedad de Báez decidió su detención, un día antes de que prestara declaración indagatoria en el marco de la causa de "La ruta del dinero K", ante un potencial riesgo de fuga.

"La noticia de la utilización de la aeronave privada –propiedad de la firma TOP AIR SA, cuyo 49 % pertenece a Austral Construcciones SA, que, a su vez, en un 95% pertenece a Lázaro Báez-, a dos de días de la fecha estipulada para la realización de la audiencia, es un detonante que dispara los riesgos de fuga y exige el dictado urgente de una medida idónea que asegure los fines procesales", señala el texto.

El documento dice que "en función de desconocer el destino final de la aeronave, corresponde librar una orden de captura con el objeto de proceder a la inmediata detención. Tal orden deberá ser comunicada de modo de abarcar el ámbito nacional e internacional".

Casanello aclara que una vez lograda la detención -que se produjo minutos después del aterrizaje del avión privado de Báez en el aeropuerto de San Fernando- pidió que se le notificara el hecho que motivó su detención.

"Se presume que dichos fondos provienen de una ganancia ilícita", dice Casanello del dinero de la Rosadita.

"A los efectos de cumplir con el recaudo del art. 283 CPP, hágase saber que el hecho que se le atribuye es el haber ingresado, a través de su hijo Martín Báez, el día 02/11/2012 y en otra fecha aún no determinada, pero presumiblemente en los últimos meses del año 2012, dinero por una suma total aproximada de U$S 5.100.000 (cinco millones cien mil dólares estadounidenses) en la sociedad denominada 'SGI Argentina S.A.', con oficinas ubicadas en Juana Manso 555, piso 7°, departamento “C” de esta ciudad, que fue contado en el lugar en presencia de su hijo, como así también de César Gustavo Fernández, Walter Adriano Zanzot, Fabián Virgilio Rossi, Daniel Rodolfo Pérez Gadín y Sebastián Ariel Pérez Gadín, junto con otros sujetos no identificados al día de la fecha, disimulando de ese modo la fuente real de los fondos para obtener su apariencia de licitud", detalla.

Para Casanello, "a partir del ingreso de ese dinero en efectivo en aquellas oficinas se disimuló y ocultó el origen y titularidad de tales capitales no declarados, iniciándose un proceso tendiente a evitar su trazabilidad, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y convertirlos e integrarlos al circuito económico como procedentes de fuentes lícitas".

"Dada su participación accionaria en Austral Construcciones SA -95 %- y la relación familiar que lo une con Martín Antonio Báez -quien posee el 5 % restante- , se presume que dichos fondos provienen de una ganancia ilícita obtenida por aquella firma de la que es accionista mayoritario, mediante la utilización de facturas apócrifas y la generación -a través de ese ardid- de un fraude fiscal, lo que deriva de la información obtenida en la causa 3215/15 del registro de este Tribunal", indicó.