La situación del ministro de Energía, Juan José Aranguren, se complicó en las últimas horas luego de que la Oficina Anticorrupción reconoció que su tenencia de acciones en Shell es "complicada".

La Oficina Anticorrupción (OA) puso la lupa sobre actuales funcionarios macristas y entre los 22 miembros del Gobierno que el organismo investiga por posibles conflictos de interés está el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que posee acciones de Shell por $ 16 millones.

"El caso de Aranguren es complicado", reconoció la jefa de esa Oficina, Laura Alonso, en diálogo con La Once Diez.

El organismo concluirá en las próximas semanas su investigación sobre la función pública que cumple y el patrimonio personal del titular de la cartera de Energía. "Aranguren posee acciones de una compañía que es del sector petrolero y él es ministro de energía... se está estudiando si alguna de las decisiones de Aranguren podrían beneficiar a Shell o a él mismo", explicó Alonso.

"Esperamos tener una recomendación preventiva para que él evite caer en un conflicto de intereses", señaló. El actual ministro fue CEO de la petrolera hasta diciembre del año pasado.

Aunque aseguró que poseer acciones de una compañía privada no es un delito en sí mismo, Alonso reconoció sobre el caso de Aranguren: "Él tiene acciones de la compañía a nivel internacional. El caso es el más complicado que tiene la Oficina Anticorrupción porque no es tan blanco ni tan negro".

La OA detectó conflictos de intereses en 22 funcionarios, aunque sólo en cuatro de esas averiguaciones recomendó a los involucrados tomar recaudos para no incurrir en actos ilegales.

Esa determinación tomó respecto de, entre otros, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, que antes de asumir su cargo dirigía la consultora APL, de asesoramiento de empresas; de la subsecretaria de Política y Gestión de la Pequeña y Mediana Empresa, Carolina Castro, accionista de una compañía cerealera y de otra de autopartes; del subsecretario de Vínculo Ciudadano de la Jefatura de Gabinete, Guillermo Riera, dueño de la consultora de comunicación G-Digital, y del presidente y de la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici y María Talerico, a los que se les atribuyó haber estado vinculados como abogados, de manera directa o indirecta, a firmas acusadas de lavado de dinero.