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Tiembla la clase política: los delitos de corrupción ya no prescriben
En un fallo histórico, la Cámara Federal de La Plata resolvió que se puede seguir juzgando aunque se cumplan los años de proceso. Políticos y funcionarios, con barbas en remojo
8 de octubre de 2016
En un fallo que representa un gran avance de las instituciones republicanas, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, integrada por los jueces César Álvarez, Leopoldo Schiffrin y Olga Angela Calitri, declaró, por primera vez en el país, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción previstos en el Código Penal. El tribunal concedió un pedido de la diputada Elisa Carrió (CC), interpuesto en la causa donde se investiga al ex juez Julio Miralles (fallecido) en diferentes acusaciones, como la habilitación de casinos fuera de su jurisdicción.

Carrió se había presentado como amicus curiae ante la Cámara Federal de La Plata, en procura de un dictamen innovador. La sala penal debía disponer que el paso del tiempo no puede extinguir las acciones penales contra los funcionarios públicos que cometen delitos durante su gestión.

Los tres camaristas votaron por ese criterio. Resulta una jurisprudencia gravitante en materia penal, en aquellos casos de delitos de corrupción donde se involucre algún funcionario de los tres poderes del Estado.

Hasta ahora, la justicia local –como los tribunales internacionales– establece la imprescriptibilidad de la acción y del procedimiento para los delitos de tortura, terrorismo, secuestro, genocidio, violación de leyes o costumbres de guerra y desaparición forzada de personas.

La corruptela en los actos públicos tiene la punibilidad limitada a los tiempos del proceso. Varios proyectos en el Congreso, entre ellos de Carrió y del Frente Renovador de Sergio Massa, proponen una ampliación de ese recaudo. Esas ideas ahora recobraron valor, cuando en los juzgados se agolpan causas por latrocinio de fondos públicos. El fallo de la sala II también les concedería identidad.

En todo este tiempo, los camaristas platenses tramitaron la investigación sobre la actividad, presuntamente ilegal, del juez a cargo del Juzgado Federal 4 de La Plata hasta 2006, cuando presentó la renuncia para escapar del juicio político.

Miralles estaba acusado de otorgar amparos exprés, a través de los cuales un grupo de abogados se presentaban por el “corralito financiero” (2001) y conseguían resoluciones en tiempo récord para que los bancos devolvieran los dólares retenidos a sus clientes. En pleno proceso el magistrado murió.

Al ser llamados para la declaración indagatoria, los demás imputados pidieron la prescripción. Por eso intervino la Cámara, en segunda instancia. La solicitud habría prosperado, sin la intervención como “tercera” en el litigio de Carrió y de la impronta final de Shiffrin, Alvarez y Calitri. “Este es el gran paso en la lucha contra la corrupción en treinta años y por eso envío felicitaciones a Leopoldo ‘Polo’ Schiffrin, el gran maestro del derecho argentino”, celebró Carrió.

La diputada está en Exaltación de la Cruz, recuperándose de una angioplastia. “Mi felicidad es extrema. Ya no pueden zafar los corruptos, antes o después van a ser juzgados”, declaró Lilita después del fallo.

Tras la muerte de Miralles, otras personas quedaron bajo investigación por causas concomitantes donde el juez “extralimitó” su jurisdicción para habilitar máquinas tragamonedas en casinos de la Capital Federal o del “corralito”, entre otras. La familia Miralles protagonizó otra historia en La Plata.

Julio, su hermano Carlos y su padre Ramón (ex ministro de Economía) fueron víctimas del “circuito Camps”, un dispositivo ilegal de secuestro y desaparición de personas durante la última dictadura.