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Vidal pondrá a un civil a gestionar los fondos de la Policía Bonaerense
Ignacio Greco, funcionario del ministerio de Seguridad, estará a cargo del manejo de la caja de la fuerza. Además, 200 efectivos que cumplían tareas administrativas saldrán a la calle
11 de octubre de 2016
El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, firmará este miércoles una resolución con la cual la Policía Bonaerense perderá el manejo de la caja: la Superintendencia de Coordinación Administrativa será suprimida y sus funciones quedarán a cargo de un civil, Ignacio Greco.

La medida nace en respuesta a una serie de irregularidades que se detectaron en la gestión de los fondos de la fuerza en los últimos meses y se encuadra dentro de la reforma que la gobernadora María Eugenia Vidal lleva a cabo en la seguridad de la Provincia desde que comenzó su gestión.

La modificación tendrá una doble consecuencia. Por un lado, la Policía dejará de manejar la suma de 500 millones de pesos anuales. Además, unos 200 efectivos que hasta ahora desempeñaban funciones en la oficina deberán salir a la calle.

"Se trata de un modelo de policía donde la administración y el control estén en manos de civiles. Porque zapatero a su zapato: el policía debe estar en la calle. Y quienes sean policías de comando que trabajaban en administración van a retomar sus lugares en la calle porque es donde se los necesita", explicó Ritondo.

Greco, el actual subsecretario Legal, Técnico y Administrativo de la cartera que dirige Ritondo, será quien absorba las funciones del área. Así, le tocará participar de la misma reforma que realizó años atrás en la Policía Metropolitana, con Mauricio Macri como jefe de Gobierno.

Si bien el cambio estaba previsto desde hace meses, se concretará pocos días después de la renuncia de Néstor Martín, el ex jefe de la Superintendencia que eliminará el ministro.

El funcionario abandonó su cargo luego de que la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad lo denunciara por supuestas inconsistencias en su declaración jurada. Martín había declarado tener siete propiedades, un helicóptero, más de dos millones de pesos en efectivo, 18.000 acciones de una cooperativa y electrodomésticos valuados en $100.000.